Los bogotanos viven su propio viacrucis. Pagar el impuesto predial y vehicular se convirtió en un calvario, en plena Semana Santa. Paradójicamente, el contratista responsable del caos ha sido beneficiario de un contrato que llegó a los $63.349 millones, con modificaciones, prórrogas y adiciones; un trato diferencial por parte de la Secretaria de Hacienda de Bogotá.
Y es que miles de contribuyentes que intentaron ingresar a la oficina virtual de la entidad para cumplir con sus obligaciones tributarias y lograr el descuento del 10% antes del 9 de mayo, se han quejado de la inestabilidad de la plataforma.
Las fallas, como lo señaló el secretario de la entidad, Juan Mauricio Ramírez, recaen en el contratista; la Unión Temporal Core Tributario SDH, con un detalle, una de las dos empresas que la integran fue liquidada en el año 2019.
“A todos los contribuyentes les agradecemos infinitamente su compromiso con el pago de los impuestos de Bogotá. Les ofrecemos excusas. Dimos hasta el viernes 22 al contratista para resolver problemas técnicos. Ese día presentaremos balance y decisiones”, indicó la alcaldesa Claudia López.
Un negocio con un trasfondo particular. Todo comenzó el 28 de agosto de 2017, cuando Claudia Marcela Pinilla subdirectora de Asuntos Contractuales de la Secretaria de Hacienda de Bogotá, suscribió el aviso de convocatoria pública para proveer e implementar una solución tecnológica tipo COTS (Commercial Off-The Shelf) para la gestión tributaria de la Dirección de Impuestos para las vigencias 2017, 2018 y 2019 por $40.435 millones.
En el pliego de condiciones de la millonaria licitación, se estableció que los proponentes nacionales o extranjeros con sucursal en Colombia deberían acreditar la experiencia con máximo tres contratos registrados en el Registro Único de Proponentes. Estos deberían estar relacionados con el objeto a contratar y uno de los contratos debía acreditar experiencia específica en implementación de Core Tributario.
En la escala de evaluación se otorgó 700 puntos a la calidad técnica divididos en cinco aspectos. Entre ellos, el suministro del hardware para la implementación, 100 puntos si los bienes y servicios eran de industria nacional y 200 puntos a la evaluación económica.
Se recibieron cinco propuestas por parte de Cowater Sogema International Inc, Unión Temporal Tivit SHD, Unión Temporal Hacienda Eficiente, Unión Temporal Ada-Steve SHD 2017 y la Unión Temporal Core Tributario SHD.
Finalmente fue seleccionada esta última. Integrada por Informática El Corte Inglés SA sucursal Colombia y Sinergia de Negocios Consultores representada legalmente por el ciudadano español Francisco Iglesias Serrano.
El contrato inició su ejecución y desde entonces ha sido modificado en siete ocasiones. Las dos primeras referentes a aclaraciones técnicas y contractuales.
La tercera, suscrita el 23 de abril de 2019 en el que se prorrogó el plazo de ejecución a ocho meses más, hasta el 31 de agosto de 2020. Año y medio después se realizó una nueva modificación, adicionando $13.409 millones más y ocho meses y siete días más en la ejecución. Para ese momento el contrato ya ascendía a los $53.238 millones.
El 7 de mayo de 2021 se estableció una nueva prórroga de un año más, es decir el próximo 31 de mayo finalizaría el contrato suscrito en el año 2017, y cuya plataforma se ha convertido en un dolor de cabeza para los bogotanos.
Apenas 20 días después de esa modificación, se realizó una nueva para estipular que dicha unión temporal debería capacitar a mil funcionarios del distrito en 300 sesiones por un valor de $3.285 millones.
El pasado 5 de noviembre vino una nueva modificación y una nueva adición por $5.206 millones. Antes de finalizar el año al contrato se agregaron otros $755 millones.
Inexplicablemente, en medio de las quejas de los ciudadanos y cuando la plataforma presentaba serias fallas de funcionamiento el pasado 12 de abril se realizó una adición por $5.150 millones. Para ese momento el contrato que se suscribió en 2017 por $39.000 millones se había extendido varios años más y adicionado en 24.521 millones. Hoy ya suma $64.349
De otro lado, Sandra Rubiano al gerente de la interventoría de dicho contrato a cargo de Indudata SAS, suscribió el 13 de abril una constancia de cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, en cuanto a lo administrativo.
Sin embargo, en dicho informe recordó que el 14 de agosto de 2019 dicha interventoría realizó recomendaciones por presunto incumplimiento del contrato en relación con el cronograma.
Luego emitió ocho comunicaciones a la Secretaria de Hacienda de Bogotá durante el año 2020 informando de presuntos incumplimientos por parte de la unión temporal.
Incluso el 16 de octubre de ese año se citó a Segurexpo Bancoldex la aseguradora que suscribió la póliza 105368 de dicho contrato para que asistiera a una audiencia de incumplimiento.
Sin embargo, dicha audiencia se suspendió por orden del Juzgado Séptimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá en medio del estudio de la acción de tutela 2020-00509 interpuesta por la unión temporal con el propósito de suspender la audiencia.
Entre el 21 de abril y el 31 de agosto se llevó a cabo dicha audiencia de incumplimiento en donde se debatió todo tipo de pruebas y descargos.
Ese día, la interventoría le comunicó a la Secretaria de Hacienda que desde el 23 de julio la unión temporal ha presentado avances del proyecto con un cronograma que “no ha sido aprobado por la partes ni por la interventoría”.
Así mismo, recordó que el contratista ha hecho caso omiso a los requerimientos realizados y relacionó las constancias desde actas hasta correos electrónicos. Pero este no fue el único reparo, la gerente de la firma interventora advirtió de los riesgos con el periodo de garantía.
“La interventoría reitera su preocupación en el manejo que la Secretaria de Hacienda pueda estar dando al soporte y mantenimiento con la participación de ingenieros de la entidad y poner en alto riesgo la afectación de la garantía del proyecto y así mismo, adelantar la finalización del proceso de garantía por parte de la unión temporal”. Advirtió.
En otro aparte se advierte que el nivel de avance planeado para ese momento era del 99% pero que realmente iba en un 71%, esto luego de cuatro años.
También advirtió que el contratista no ha dado solución definitiva a problemas como las obligaciones pendientes de los contribuyentes, el cobro de semaforización y los descuentos. Incluso en algunos casos no se visualiza el botón de pago de PSE, en las declaraciones se presentan datos en cero y fechas incorrectas y el cálculo de intereses se refleja de maneras incorrectas.
En cuanto al portal, el catálogo de vehículos homologados está incompleto, no se visualiza el botón de pago, la autenticación del contribuyente por primera vez la pantalla queda en blanco. Y en el tema de los bancos lo que se paga por ventanilla no queda reflejado en él el portal.
Otro tema altamente preocupante para el interventor es que las liquidaciones de impuesto a pagar que estaba funcionando correctamente, “a hoy esta generando cálculos incorrectos en los documentos, lo cual está ocasionando inconveniente con los contribuyentes y aumento de trabajo al interior de la entidad.
La unión temporal que hoy está bajo la lupa está integrada por Informática El Corte Ingles SA, una empresa española y Sinergia de Negocio Consultores S De R L De CV.
En el año 2009, Informática El Corte Inglés abrió una SAS en Colombia con un capital de seis millones de pesos, pero una década después fue liquidada y la matrícula mercantil cancelada.
Posteriormente, el 4 de octubre de 20101, en la notaria 40 de Bogotá, abrió sucursal en Colombia con el propósito de venta al por mayor de máquinas de oficina, equipos informáticos, tele informáticos y de comunicaciones así como robótica y referentes a software y hardware. En 2021 cambió el nombre a Inetum España SA sucursal Colombia.
Una compañía que desde su constitución ha suscrito 19 contratos con el Estado colombiano y tiene en ejecución actualmente convenios con la Agencia Nacional de Minería, la alcaldía de Medellín y con la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
La otra empresa es una sociedad mexicana denominada Sinergia de Negocio, Consultores S. De R.L de C.V, ubicada en Polanco, 1150 Ciudad de México que públicamente asegura estar en tres países, incluido Colombia con 300 colaboradores, 40 proyectos y 13 años de experiencia.
Entre sus principales clientes está el gobierno del Estado de Sonora y Fonatur de México, así como la alcaldía de Bogotá. Sin embargo no reposan documentación en la Cámara de Comercio. Ni en el Registro Único de Proponentes.
Lo cierto es que mientras los bogotanos llevan semanas tratando de pagar sus impuestos predial y de vehículos en medio de largas filas, citas inconclusas e incertidumbre para acceder al descuento, el contratista responsable no se pronuncia, pero recibe el beneplácito y gabelas de la administración distrital, pese a las fallas advertidas desde hace años, sin organismos de control que investiguen el millonario negocio.
También le puede interesar:
