La obra de peatonalización, construcción de bici carriles y en algunos tramos, de implementación de un solo carril vehicular, en la Zona Rosa de Bogotá, tiene con los nervios de punta y las alarmas encendidas a los propietarios, clientes y transeúntes de uno de los puntos comerciales, turísticos, de rumba y esparcimiento más emblemático de la ciudad, la denominada zona T.
Un proyecto que ejecuta el Consorcio Avenida 82, del que hace parte Sacyr, la misma empresa que ha sido objeto de señalamientos por la construcción del puente Hisgaura, ubicado en San Andrés, Santander. Una obra que costó cerca de $100.000 millones de pesos, la cual culminó en agosto de 2018.
No obstante, aún no se ha podido utilizar, pues según el Fondo de Adaptación, entidad contratante, la firma no ejecutó la obra con las características técnicas requeridas. Un pleito que llegó hasta un tribunal de arbitramento y que veedores han calificado como un “elefante blanco”.
En el negocio en Bogotá, donde tiene el 37% de la participación en el Consorcio Avenida 82, la empresa objeto de polémica en Santander, tiene preocupados a los propietarios de 198 locales comerciales, restaurantes y bares de la zona.
Y es que en el marco del plan de gobierno del alcalde, Enrique Peñalosa, ‘Bogotá mejor para todos’, se fijó como meta la construcción de 3.5 millones de m2 de espacio público y la conservación de 1.2 millones de m2 existentes, en los cuales se incluyó esta obra al norte de la capital. Un proyecto que consta de 73.479 m2, 5.4 km de vías y 1.5 km de ciclorrutas.
Una obra que surgió mediante una convocatoria de septiembre de 2017, denominada, “ajustes, complementación, actualización, estudios, diseño y construcción a precio unitario fijo y con monto agotable de la red peatonal de la Zona Rosa en Bogotá”, para desarrollar en un plazo de ejecución de 24 meses y un valor total de $38.200 millones.
Para ello, después de culminar la fase de licitación pública y de adjudicación, el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, suscribió el contrato 1521 de 2017 con la firma ganadora del proceso, el Consorcio Avenida 82.
Se trata de una asociación empresarial integrada por Sacyr Chile SA sucursal Colombia con una participación del 37% y Cavosa Obras y Proyectos SA sucursal Colombia que tiene el restante 63% y es representada por Alvaro Ruiz Avila. El objetivo esencial del negocio pactado consistió en que en un plazo de dos años o hasta cuando se agote el valor del contrato, desarrollar la obra.
En concreto, se trata de ejecutar la regularización de calzadas vehiculares de cinco metros para un solo carril con sobrepaso y 6.50 m para vías con dos carriles vehiculares; ampliación de aceras y espacio público a ambos costados; regularización y reconfiguración de sendero peatonal de la calle 80 entre carrera 19 y 15; y ciclorruta bidireccional sobre calzada vehicular en la carrera 13 y calle 81.
Además, al detalle, reformar un carril vehicular en la calle 83, desde la carrera 15 hasta la 14; en la calle 84 bis entre la cra 14 hasta la 13; la carrera 14 desde la calle 82 hasta la 84 bis; la carrera 14 desde la 80 hasta la 82; la carrera 14 a entre la 82 y la 84 bis; la carera 12 desde la 82 hasta la 85, la carrera 10 desde la 80 a la 81 y la calle 83 desde la carrera 10 hasta la novena.
Así las cosas, se definió un estricto calendario para ejecutar la obra. Un mes para la etapa de consultoría, es decir, los estudios, diseños, investigación, recopilación y análisis de la información y cinco meses para la etapa de consultoría, en esencia, los ajustes, complementación, actualización, estudios y diseños.
De la misma forma, se definieron dos meses adicionales para la etapa de consultoría, la aprobación interventora y las entidades y empresas de servicios públicos y otros 16 meses para la etapa de construcción.
Pero todo pareció quedar en el papel, porque de inmediato empezaron los problemas con la obra. Según registros revisados por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, desde el 2 de febrero de 2018, fecha de la firma del acta de inicio del contrato, a la fecha, ya se han firmado tres prórrogas y se han concedido tres suspensiones que suman 32 días.
En la más reciente adición, el interventor estipuló frente a la solicitud de prórroga del contratista que, “(...) en conclusión y como se evidencia, existen pendientes que son total responsabilidad del contratista, tanto en demoras como en la cantidad de reprocesos que algunos componentes han tenido, por observaciones reiterativas tanto de la interventora, como el IDU y las ESP”
Adicionalmente, hasta el pasado 4 de marzo se firmó el acta en el cual se culminaba la etapa de consultoría y por fin, después de alrededor de cuatro meses de retrasos, entre prórrogas y suspensiones, comenzó.
Con el inicio de la obra llegaron los dolores de la cabeza. Según Asobares, en estos casi dos meses de obra pública ya han dejado de vender $2.000 millones, sin aún calcular la afectación de utilidades.
Los comerciantes aseguran que la obra avanzó bien hasta el miércoles de Semana Santa. “A partir de esta fecha se evidenció la falta de trabajadores en la zona, tanto así, que había días que no había ni un solo trabajador en las obras. Al ser notorio el retraso y el incumplimiento, por medio de Asobares se convocó a una reunión entre los comerciantes y empresarios de la zona, el IDU y el contratista.
En esta reunión se informó que las obras no serían entregadas el 26 de junio y que acordaban entregar las obras en agosto pero no se comprometían a dar una fecha exacta” le informó el propietario de uno de los bares más famosos del lugar a la Agencia de Periodismo Investigativo, API.
Una de las preocupaciones de los comerciantes es el poco avance de las obras civiles. Afirman que los trabajadores llegan al lugar después de las 11:00 a.m. Justo a la hora en que los restaurantes y bares se alistan para iniciar labores. A la hora del almuerzo, prenden la maquinaria que por los decibeles de ruido afectan la tranquilidad de los comensales, lo que ha generado, la disminución en la afluencia de clientes.
Esta Agencia hizo un recorrido por la zona a comienzos de semana y efectivamente, observó muy pocos trabajadores, en la obra que está practicamente paralizada.
“Como normalmente en las horas de la mañana no hay personal trabajando, la maquinaria y las retroexcavadoras inician al mediodía por lo cual los pocos clientes que frecuentan los negocios para almorzar, se ven afectados con el ruido y con las molestias que puede causar una maquinaria de este tipo” advirtió Andrés Ardila, uno de los propietarios de un local comercial de la zona T.
Pero la afectación va más allá de la contaminación auditiva y visual. Otros comerciantes advierten que la zona peatonal del adoquín está levantada en un 80%, lo cual no permite que el tráfico regular de potenciales clientes transite por la zona.
También es evidente que los empresarios de la zona pagan unos de los arriendos más caros de la ciudad y en la mayoría de los casos, las ventas se han visto reducidas en un 50%, “lo cual, a muchos de nosotros, nos ha llevado a pensar en la liquidación de nuestros negocios”, reiteran.
Consultada al respecto de esta situación, Yaneth Mantilla, directora del IDU, señaló que “dado que no se puede cerrar completamente la zona T por la necesidad de mantener el acceso a los locales, situación que demora las obras, la ejecución se hace por franjas siempre manteniendo el tráfico peatonal”.
La funcionaria manifestó además, que se están subterranizando todas las redes, asunto que mejorará la zona e indicó que ello toma tiempo dado que no es posible suspender el servicio de energía ni de telecomunicaciones. “Vamos a iniciar con la instalación del adoquin en la franja intervenida”, aseguró la funcionaria.
Entre tanto, la dificil situación financiera de los establecimientos del sector se agudiza, al tiempo que transeuntes y clientes de restaurantes, bares, almacenes de ropa y calzado advierten las dificultades de la obra. Por su parte, el Consorcio Avenida 82, encargado de la remodelación ya tiene diversos cuestionamientos, tal y como pasó con el puente que construyó en el departamento de Santander, con una millonaria inversión de recursos públicos que hoy no funciona y que terminó en un complejo proceso arbitral. ¿Se repetirá la historia en Bogotá?.
