Fue una de las principales compañías de infraestructura del país, pero para seguir creciendo en el mercado se le acusa de pagar sobornos y su presidente, Andrés Jaramillo, está contra las cuerdas a la espera de una decisión final de la justicia que lo podría dejar varios años tras las rejas. La empresa no pudo superar las dificultades y entró en liquidación. Sin embargo, se acaba el plazo para los acreedores que buscan recuperar millonarios recursos que les adeudan, pues de no hacerse parte en las próximas horas, pueden perder más dinero.
Culmina de esta manera el sueño empresarial del ingeniero Cesar Jaramillo Gutiérrez que en 1980, junto a su hermano Edgar creó una sociedad en Cali. A partir de allí obtuvo contratos oficiales para construir calles, acueductos vías férreas y rurales en el Valle del Cauca y en Quindío.
La empresa creció, así como los contratos, la maquinaria y el número de empleados. Ganó prestigio y se ratificó como contratista de las Empresas Municipales de Cali, Emcali, de la alcaldía de esa ciudad y de los Ferrocarriles Nacionales. Hacia 1995 su prestigio pasó al ámbito nacional. Los hermanos César y Edgar Jaramillo empezaron a pensar en el relevo y en internacionalizar la firma. Para ello prepararon al joven Andrés Jaramillo para traspasar fronteras.
De esta manera llegó a Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. En el exterior hizo obras en Perú y Panamá y hasta llegó a Estados Unidos. Un crecimiento que le permitió manejar más de 30 proyectos en Colombia y en el exterior y no menos de 8.000 empleos directos e indirectos.
Paradójicamente fue Bogotá su espada de Damocles. Allí, luego de incursionar en otros negocios diferentes a la ingeniería, como el factoring, empezaron a derrumbar el castillo de naipes. Todo comenzó por dos negocios clave para la empresa que tenían series dificultades y que los recibieron en cesión.
La adecuación de la avenida El Dorado, que habían dejado a medio construir los primos Guido, Manuel y Miguel Nule condenados por la justicia. Otra obra que terminó mal fue la cesión de uno de los contratos para la construcción de la fase III de Transmilenio. Ambas vitales para el desarrollo de la capital y con inversiones cercanas al billón de pesos.
Estos negocios se convirtieron en la perdición de Conalvías y de su presidente Andrés Jaramillo. La Fiscalía lo acusó de pagar comisiones a la administración del alcalde Samuel Moreno para la adjudicación de la cesión del contrato de la calle 26 que abandonaron los Nule. Por este caso, la justicia inició un tercer proceso al exmandatario y lo acusó del delito de concierto para delinquir y peculado por apropiación. Al respecto, el juez acaba de proferir fallo condenatorio y la Fiscalía solicitó una pena para Moreno de 33 años de prisión efectiva en la cárcel La Picota.
Pero esta no es la única acusación que recae contra Andrés Jaramillo, también es señalado de incurrir en la misma práctica, es decir el pago de sobornos, para lograr la cesión de un contrato en la fase III de Transmilenio. Jaramillo fue capturado y llevado a juicio, sin embargo, meses después recuperó su libertad por vencimiento de términos. En el proceso, un juez debe decidir si incurrió en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Como era de esperarse, el coletazo de sus actuaciones indebidas hizo metástasis no solo en los capitalinos que desde el 2008 y durante varios años fueron víctimas de incomodidades derivadas por retrasos en las obras, así como la pérdida de recursos de la administración distrital, si no de la misma empresa que entró en liquidación.
Pese a ello, Conalvías quiso salvar sus compromisos contractuales con la administración distrital y con los acreedores. En este contexto acudió a la Superintendencia de Sociedades y entró hace varios años en un proceso de reorganización empresarial. Para ese momento, tanto el propio Andrés Jaramillo como sus abogados le aseguraron a esa entidad que el propósito con esta figura jurídica era responder con sus obligaciones, entregar parte de sus activos y reestructurar la empresa de tal manera que con unos años de trabajo pudiera salir adelante.
Pasaron los años y la compañía se asfixió. Así las cosas, el pasado 14 de junio la Superintendencia de Sociedades ordenó la terminación del proceso de reorganización de la Sociedad Conalvías Construcciones SAS, cuya sede principal es la ciudad de Cali y de manera simultánea ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial.
De esta manera, y como sucede en este tipo de procesos el liquidador Luis Fernando Alvarado Ortiz, en concordancia con los procedimientos legales informó a los acreedores de Conalvías, entre ellos, la Nación representada por la Contraloría y la Dian, así como acreedores laborales y otros, que dentro de los siguientes 20 días hábiles presentarán sus pruebas y reclamaciones. Lo cierto, es que aún la empresa tiene activos importantes con los cuáles puede responder por parte de sus obligaciones con el sector público y privado.
De hecho, empieza a vencerse el término para que todos los acreedores se presenten ante el liquidador designado por la Superintendencia de Sociedades, con el propósito de que sus deudas puedan ser tenidos en cuenta dentro de la liquidación y se obtengan pagos. Es evidente que, como siempre sucede en estos casos, quien no se presente a tiempo o no soporte sus acreencias adecuadamente perderá definitivamente su dinero.
En el pasado, es decir, cuando se inició el proceso de reorganización de Conalvías ante la Superintendencia de Sociedades, la Contraloría no se hizo parte, ahora que llegó el momento de la liquidación, el mismo liquidador Luis Fernando Alvarado y el grupo de apoyo judicial, además de avisos, convocatorias públicas y declaraciones han insistido en la importancia de que todos los acreedores se presenten para calificar y posteriormente evaluar si hay lugar o no a devoluciones de recursos.
Y es que aun quedan valiosos activos dentro de la liquidación que pueden revertir en ingresos para el Estado colombiano. Para citar un ejemplo, Conalvías otorgó una prenda sin tenencia de unos equipos y una maquinaria avaluada en $121.000 millones a la Contraloría General de la República.
La Superintendencia como el liquidador Alvarado han insistido en la necesidad de que el ente fiscal se haga parte en el proceso de liquidación de Conalvías como acreedor prendario para que con el producto de la venta de estos equipos y maquinaria se repare el daño patrimonial y pueda finalizar el proceso de responsabilidad fiscal. “De lo contrario, el liquidador podrá vender la maquinaria para el pago de las deudas de Conalvías con terceros y se reduce la posibilidad que el daño que se le causó a la Nación sea efectivamente reparado”, advierte uno de los abogados encargados del proceso en la Superintendencia de Sociedades.
Es el epílogo, de una empresa fundada por el ingeniero Cesar Jaramillo, quien luego de casi cuatro décadas de disciplina y esfuerzo le entregó en 1997 a su hijo Andrés, un legado empresarial que derrumbó en pocos años.
