La polémica por el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic con la Unión Temporal Centros Poblados 2020, por $1.07 billones para conectar a internet a más de 7.000 escuelas en áreas rurales del país no cesa. Una batalla jurídica sin precedentes se libra en diversos estrados del país, en donde literalmente todos están contra todos.
A la denuncia en Fiscalía por parte del Ministerio y el Banco Itaú en contra de la unión temporal por la presentación de pólizas falsas de seriedad de la oferta, cumplimiento y calidad del contrato, así como las acciones de tutela y la amenaza de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por parte del contratista en contra del Ministerio por haber decretado la caducidad del contrato, se suman los señalamientos y denuncias mutuas entre las empresas que integran la unión temporal.
En este contexto se evidenció una nueva denuncia. Se trata de la instaurada por Juan José Laverde Martinez, representante legal de la empresa de seguros Rave Agencia de Seguros Limitada, mencionada en la audiencia de incumplimiento como la firma a la que se acudió inicialmente para obtener dichas pólizas.
Según el abogado de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia acudió a la Agencia de Seguros Rave por su trayectoria de 45 años en el mercado y porque había tenido trato comercial con las empresas que integran dicha unión temporal, todas con cuestionamientos en sus negocios.
Se trata de Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Funtics, de Juan Carlos Cáceres Bayona, quien por estos días busca pasar anónimo en el escándalo de la millonaria contratación. Una fundación señalada en el escándalo de los cursos de inglés en Norte de Santander que le costó la suspensión del cargo al gobernador William Villamizar en el año 2019.
A esta se suma la empresa ICM Ingenieros SAS cuyo propietario fue el exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz condenado por corrupción dentro del denominado carrusel de la contratación en Bogotá y de la cual hoy se señala como propietario a una de las cabezas de dicho carrusel, Emilio Tapia.
A la fundación e ICM se unieron como integrantes de la union temporal, las compañías Intec de la Costa y Omega Buldings Constructora SAS relacionadas también con Tapia a través de un cuñado, un sobrino y un primo de este.
Según lo afirmó el apoderado de la unión temporal, el representante legal de la aseguradora Juan José Laverde inició el trámite y las negociaciones con otras compañías de seguros, pero luego de unos días afirmó que no había sido posible lograr las garantías requeridas.
Y entonces surgió otro nombre, el de Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, según la declaración de la unión temporal, se trataba de una persona con, “reconocida trayectoria en el campo de la contratación estatal, pues sus empresas han celebrado contratos con departamentos, entidades territoriales y muchos con el Instituto Nacional de Vías”.
En esa misma audiencia advirtió que Molina tenía una relación comercial con el banco Itaú de tiempo atrás y que gracias a unos predios de gran valor de su propiedad ubicados en el departamento de Magdalena, “le permitía gestionar la garantía por el valor previsto en el contrato”.
De está manera, se contactó a Molina quien supuestamente gestionó la garantía bancaria, la cual fue verificada por una de las empresas integrantes de la unión temporal, al parecer Intec de la Costa.
Incluso solicitó que tanto Juan José Laverde el representante legal de la firma de seguros Rever como Jorge Alfonso Molina García Mayorga fueran escuchados en dicha audiencia.
Al final comentó que Laverde se había comunicado con Molina para indagar sobre las presuntas pólizas falsas y éste le había transmitido que estaba tranquilo. Sin embargo, días después Laverde denunció al mismo Molina en un escrito dirigido al fiscal Francisco Barbosa.
Manifestó que es ingeniero de producción especialista en riesgos y seguros profesión que ejerce desde el año 2004, y advirtió que goza de reconocimiento y buen nombre entre el gremio asegurador con más de 2.000 clientes.
De Molina aseguró que ha mantenido relaciones comerciales desde hace aproximadamente tres años en los que ha tomado pólizas para contratos con el Estado. “Y una gran cantidad de pólizas entidad a sus empresas y diferentes socios”.
En la denuncia evidenció que Molina tenía un lote en la ciudad de Santa Marta de un importante valor comercial el cual estaba pignorado a una banca de inversión.
De igual forma, aseguró que en el tiempo de relación comercial evidenció que las garantías que éste gestionaba ante el banco Itaú todas le prosperaban.
Laverde le manifestó a la Fiscalía que él recibió la solicitud de la póliza de seriedad de la oferta de parte de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 el día 6 de octubre de 2020, sin embargo la cuantía impidió encontrar una aseguradora que tuviera la capacidad para avalar la operación.
También narró que le solicitaron acudir a Molina para que él a través de sus empresas avalara la operación ante el banco. “(...) Jorge accedió, pide la información del proceso y entrega el día 28 de octubre la garantía bancaria entregada por el Banco Itaú-Corpbanca”.
El 9 de diciembre, según lo manifestado por Laverde, le confirmaron que habían adjudicado la licitación y le notificaron que debía iniciar el trámite de las garantías para legalizar el contrato.
Sin embargo, nuevamente el monto de la operación fue un problema por eso Laverde le comunicó a Molina su preocupación y éste le advirtió que era una situación muy grave ante el Banco Itaú porque podría afectarse la garantía de seriedad que ya se había presentado.
“Es por esto que se ofrece avalar la emisión de las garantías contractuales que se exigían en el contrato a través del Banco Itaú-Corpbanca. Este trámite termina satisfactoriamente y no recibo ninguna información más al respecto” sostuvo Laverde ante la Fiscalía. Y luego entregó otra información relevante.
Él conoció lo que estaba sucediendo con las garantías cuando un funcionario de la Unión Temporal Centros Poblados 2020 lo llamó el pasado 25 de junio a informarle que en la audiencia de incumplimiento convocada por Mintic, Adriana Vivas, la abogada del Banco Itaú manifestó que la garantía bancaria presentada no había sido expedida por ellos y por lo tanto era falsa.
Citó entonces a Molina quien le manifestó, “con pasmosa tranquilidad” que él estaba en contacto con los funcionarios del Banco Itaú y que una funcionaria del banco que no estaba enterada del proceso fue la que afirmó eso pero éste insistió en que no había ninguna irregularidad con la póliza.
Cuando Laverde lo interpeló recordándole que las pólizas eran irrevocables y que el banco las había tachado de falsas, Molina le advirtió que no había razón para preocuparse pues están garantías habían sido verificadas por los funcionarios del banco, por las entidades públicas y por los otros proponentes.
Pero lanzó otra sorprendente revelación. Molina le pidió $50 millones para organizarle una reunión a las directivas del Banco Itaú para en ella, “solicitar la aclaración del malentendido”. Pero Laverde no accedió a entregarle ese dinero.
Alarmado por lo sucedido se contactó con otra empresa que había participado en una licitación con la Unidad de Planeación Mineroenergética, UPME, y cuyas garantías habían sido tramitadas también por Jorge Alfonso Molina García Mayorga.
Se trata de la empresa Saeb Atlantic SAS ESP, funcionarios le informaron a Laverde el 30 de junio que habían oficiado al Banco Itaú solicitando la certificación de la autenticidad de la garantía bancaria, pero para el mes de agosto aún no habían recibido respuesta.
Pero el primero de julio si sucedió algo. Desde un correo electrónico denominado German.sandoval@banco-Itaú.co se acusó de recibida dicha solicitud. Sin embargo, el dominio de dicho email al parecer no corresponde al del banco @itau.co
En mayo de 2017 cuando la marca Helm cambió a Itaú, Alvaro Pimentel el presidente de Itaú CorpBanca Colombia envió una comunicación a los clientes informando que la página web de la entidad pasaba a ser www.itau.co y , “los correos corporativos @grupohelm.com pasarán a @itau.co”.
Con un dato adicional. El pasado 2 de julio, Laverde le envió un oficio a la Unión Temporal Centros Poblados 2020 en el que les manifestó la posible irregularidad de la garantía bancaria y sus efectos en la adjudicación del proceso.
Consultado el registro de dicho dominio este se creó el pasado 4 de mayo a las 6:39 p.m, es decir dos meses antes de enviar el acuso de recibo de dicha solicitud.
Revisados los registros de inmuebles a nombre de Jorge Alfonso Molina García Mayorga a su nombre le aparecen seis lotes pero no en Santa Marta, si no en el municipio de Zipaquirá-Cundinamarca. El lote barrancos negros, número dos Santo Tomas, El Recuerdo, número uno San Francisco, El Mortiño y El Edén.
Así mismo, es accionista de la empresa CM Construcciones y Mantenimiento SAS, una firma constituida el 12 de septiembre de 2003 en la Notaria 64 de Bogotá junto a Diana Marcela Cuervo Arcila, cuyo objeto social es la explotación comercial técnica de la indicaría de la construcción tanto urbana como rural.
Un año después, en el 2004 ingresó otro socio, Paola Molina García en reemplazo de Diana Cuervo Arcila. A partir del año 2008 en varias oportunidades se ordenó como medida cautelar en procesos civiles embargo de las acciones de Jorge Molina.
Con una particularidad, el 5 de agosto del año 2008 en un proceso ejecutivo que inició en su contra un contratista de Cundinamarca, Henry Ariza Santoyo se ordenó el embargo, pero inexplicablemente apareció un oficio de desembargo.
Por esta razón, el juez décimo civil municipal de Bogota le oficio el 30 de marzo de 2010 a la Cámara de Comercio de Bogota ordenándole inscribir nuevamente el embargo y a su vez, “realice las investigaciones pertinentes, tendientes a establecer el motivo por el cual se le da trámite a un supuesto oficio de desembarco, que claramente no fue emanado por la secretaria de este despacho judicial
Ese mismo año el juzgado ordenó un nuevo embargo por $2.400 millones de un proceso que inició García Vega y Cia Ltda.
Por su parte la empresa CM Construcciones y Mantenimiento SAS no tiene propiedades a su nombre, así que resulta inexplicable la aparente facilidad con la que presuntamente Molina tramita garantías bancarias sin tener los activos suficientes para estas operaciones.
Es evidente que Jorge Alfonso Molina García-Mayorga tiene muchas cosas por contar, no solo frente a las fallidas garantias del millonario contrato con Mintic, sino sobre otros cuantiosos negocios con el Estado en los que participó y por los cuales ya se empieza a dudar de la idoneidad de las pólizas.
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