Una batalla legal sin precedentes está girando alrededor del fútbol profesional colombiano. A través de polémicos fallos y pronunciamientos se trata de revivir al Real Sincelejo, un equipo de segunda divisón o clase B que fue comprado con serios líos legales en materia penal y administrativa, por Juan Carlos Restrepo, ex padrastro del futbolista James Rodríguez quien con múltiples tutelas y acciones de nulidad intenta salvar su inversión.
En vísperas de la Navidad del año 2020, el pasado 2 de diciembre, luego de múltiples acciones de tutela inadmitidas por varios jueces y magistrados, sorpresivamente la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revocó una decisión de la Seccional de Sincelejo y falló en favor de Restrepo una tutela que reconoció derechos deportivos al Real Sincelejo y le ordenó a la Dimayor su afiliación.
Sin embargo, la sentencia derivó en varios problemas, el primero es que la Sala Disciplinaria quien debió notificar la decisión no lo hizo, solo envió un telegrama sin el fallo completo el pasado 16 de diciembre día en el que se inició la vacancia judicial.
Lo segundo es que el Consejo de Estado no ha decidido de fondo el caso y en dos oportunidades le negó a Restrepo las medidas cautelares que solicitó en el sentido de que le reconocieran temporalmente los derechos deportivos a su equipo.
Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, explicó que la tutela es un medio de defensa judicial cuando se carece de otros. No obstante, en este caso desde el año 2017 cursa una acción de nulidad ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo. Así mismo, la ley prohíbe que se interponga más de una acción de tutela con las mismas pretensiones, reiteró el jurista Burbano.
El otro cuestionamiento recae en el ponente, el magistrado Fidalgo Estupiñan Carvajal, el mismo que fue señalado por el diario Vanguardia Liberal de haber acosado laboral y sexualmente a algunas de sus subordinadas
Estupiñán fue el mismo magistrado que ordenó que el caso de la muerte del joven de 19 años Dilan Cruz, ocurrida el 25 de noviembre de 2019, pasara a la justicia militar y no a la ordinaria, decisión que fue revocada por la Corte Constituciona por haber mantenido en la Justicia Penal Militar la investigación de la muerte de Dilan Cruz, decisión que reversó la Corte Constitucional y por la entrega vía tutela de unos predios pertenecientes a unos narcos.
En este contexto, la Corte Constitucional el pasado 19 de julio, seleccionó la tutela para su revisión. Allí, por primera vez, se debatirá sobre los derechos deportivos y la inscripción de equipos profesionales y si procede o no una acción de tutela cuando se está debatiendo de fondo el mismo asunto en otra alta corte. Sin embargo la decisión de la Corte Constitucional no ha frenado la batalla judicial.
Restrepo inició un incidente de desacato en contra de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol. Su argumento, es que aún no se ha cumplido el fallo de tutela del magistrado Estupiñán y su club Real Sincelejo no ha sido inscrito. Sin embargo, como la tutela la falló un tribunal que ya no existe, se generó lo que en derecho se conoce como un conflicto de competencias.
La Corte Constitucional, mediante Auto 112 de 2021 definió que la competencia para lo referente a esa tutela no era la Comisión de Disciplina Judicial, organismo que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura si no el Tribunal Superior de Sincelejo, Sala III Civil, Familia y Laboral.
A comienzos de junio dicho tribunal inició el conocimiento de dicho incidente, la Dimayor le respondió que no le había podido dar cumplimiento por un gran detalle. Ni siquiera conocían la totalidad de la tutela, pues la Sala Disciplinaria solo envió un telegrama con el resuelve de las sentencia.
Solo hasta el 4 de junio se envió un auto con el fallo completo. Horas después la entidad le comunicó a la magistrada que se debía cumplir lo señalado en el artículo 12 de los estatutos, “en la cual se señala los requisitos de afiliación”. Para dar trámite de una afiliación se requería que el representante legal del Real Sincelejo diligenciara un formato y llenará los demás requisitos.
A pesar de lo manifestado por la Dimayor, la magistrada dio apertura al incidente de desacato aunque la secretaria del tribunal expidió un certificado indicando que por error no se subió la respuesta de la entidad al sistema.
El pasado 23 de julio la magistrada Mariarraquel Rodelo Tamayo envió un nuevo auto, esta vez, vinculando a los 36 equipos del fútbol profesional colombiano, a quienes les cayó el tema como un baldado de agua fría, pues nunca fueron convocados inicialmente en la tutela que inadmitió la seccional de Sincelejo y luego revocó la Sala Disciplinaria.
Al respecto, Carlos Mario Zuluaga, presidente de La Equidad, expresó que “nosotros los clubes mantenemos un papel de independencia total en el sentido que pretendemos ser vinculados ahora a la tutela de la cual no tenemos ningún conocimiento, por no tener conocimiento sobre la misma debemos solicitar que se nos respete el debido proceso, lo cual no ha ocurrido en ningún momento por consiguiente no hemos tenido oportunidad del derecho a la defensa. De persistir en este incidente de desacato, la juez tendría que declara nulidad en lo actuado porque nos quiere vincular en una situación en la cual nosotros hoy no somos parte del proceso”.
A ello se suma que los clubes a través de la Dimayor tampoco se quedaron con los brazos cruzados y decidieron iniciar su propia batalla legal. En las últimas horas se radicó una queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, el tribunal que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la investigación de jueces y magistrados por sus actuaciones. En esta se advierte que presuntamente la togada incurrió en falta disciplinaria por seis razones.
Efectuó una notificación que debió realizar el tribunal que emitió el fallo de tutela, abrió un incidente de desacato sin atender la respuesta de la Dimayor, libró una mandamiento de hacer, cuando aún estaba abierto el incidente de desacato y vinculó a terceros como la Asamblea de Afiliados y resolvió un recurso de reposición en un trámite que estaba archivado”, precisó el organismo en la queja interpuesta a través de su apoderado.
Por ello a juicio de la Dimayor las actuaciones de la magistrada deben ser investigadas a la luz del derecho disciplinario. Paradojicamente no es la primera vez que la magistrada es cuestionada por sus actuaciones dentro de los fallos de tutela.
El 28 de abril de 2009 mediante sentencia T-304 la Corte Constitucional le solicitó a la Procuraduría que investigara a Rodelo Navarro y otros dos magistrados de la Sala III del Tribunal del Sincelejo por “ordenar el reintegro de unos dineros denotados por el Banco Agrario al accionante en ese proceso de tutela, pese a que esa devolución podía afectar el proceso de restructuración en el que se encontraba el municipio de Tolú”.
La investigación disciplinaria la abrió la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien luego de tres años declaró disciplinariamente responsable a Rodelo y a otra magistrada que fueron suspendidas del cargo durante un mes.
Luego la Corte Constitucional que volvió a conocer el caso por una acción de tutela que interpusieron las magistradas concluyó que la Judicatura no les violó el derecho al debido proceso y la autonomía judicial.
“Cuando sanciona a una persona que se desempeña como juez por resolver un caso de tutela sin aplicar un determinado concepto y regla relevante. (...) la facultad de precisar un problema jurídico no sirve de excusa para dejar de aplicar la Constitución y la Ley”, señaló la Corte en su fallo.
Para entender este entramado jurídico y la batalla que revive, hay que remontarse al 27 de marzo de 2003 cuando mediante escritura pública se creó el Real Sincelejo. Meses después Coldeportes le otorgó el reconocimiento deportivo y en el año 2012 se le renovó por un término de cinco años más.
Con un antecedente. En el año 2004 Edgar Rafael Paternina quien fungía como presidente del club, vendió sin autorización de los dueños el equipo a unos empresarios de Pereira y le cambió la razón social al club; luego le trasladaron de sede al equipo a la ciudad de Cali, en donde una vez más se le modificó el nombre a club Deportivo Depor Fútbol Club.
Los afectados no se quedaron con los brazos cruzados y denunciaron a Edgar Rafael Paternina por estafa, cuya condena fue confirmada en febrero de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo.
Eso en lo penal. En lo administrativo Coldeportes quien se transformó en el Ministerio del Deporte expidió la resolución 00254 del 4 de marzo de 2016, 000294 del 11 de marzo de 2016 y 000709 del 6 de mayo de 2016, mediante el cual ordenó y confirmó la suspensión del reconocimiento deportivo del club.
A pesar del limbo ante la justicia en el que entró el equipo por la sanción penal y la decisión del entonces Coldeportes, entró en escena Juan Carlos Restrepo, expadrastro de James Rodríguez quien compró el club y de paso un problema.
Inició, sin éxito, una cruzada legal para intentar revivir al Real Sincelejo. Interpuso una acción de nulidad ante la Sección Primera del Consejo de Estado intentando dejar sin efecto las resoluciones de Coldeportes que suspendieron los derechos deportivos. En el año 2017 el consejero de Estado, Oswaldo Giraldo López le negó a Restrepo su solicitud de medida provisional de dejar sin efecto Dichas resoluciones.
Luego el mentor de James Rodriguez, interpuso varias acciones de tutela nuevamente sin éxito. Alegó violacion de toda clase de derechos fundamentales. Al respecto, el futbolista ha negado tener participación alguna en el negocio de su expadrastro, quien consultado por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, no se pronunció, aunque inicialmente había aceptado expresar sus argumentos en el caso.
Pero todos al unísono, ministerio del Deporte, Dimayor, Federacion Colombiana de Fútbol y hasta la Fiscalía se pronunciaron argumentando que la tutela no procedía porque el Consejo de Estado estaba estudiando el fondo.
Y en este caso está pendiente el pronunciamiento del Consejo de Estado. Por ello en una de las tutelas, el ministerio del Deporte se fue lanza en ristre en contra de Restrepo y aseguró que éste estaba actuando de manera desleal.
“En varias oportunidades ha presentado ante otros jueces constitucionales la misma pretensión y se ha detectado la improcedencia (...) incluso solicitó la revocatoria directa a cambio de retirar la demanda ante el Consejo de Estado, cuál fue negado en abril de 2019”.
Así las cosas, en el caso del Real Sincelejo hay mucha tela que cortar. Lo cierto es que serán la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y ahora la Comisión Nacional de Disciplina Judicial las que definan quien tiene la razón.
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