Un nuevo cuestionamiento enfrenta la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por sus actuaciones dentro del proceso que adelanta en contra de directivos de la Federación Colombiana de Fútbol por supuesta competencia desleal en la venta y reventa de boletería de los partidos de la Selección Colombia de fútbol en la eliminatoria al mundial de Rusia 2018, la cual involucra a tres personas jurídicas y 17 naturales.
Esta vez, es el Consejo Superior de la Judicatura quien mediante auto del pasado 18 de febrero abrió investigación disciplinaria en contra de altos funcionarios y exfuncionarios de la entidad. Se trata de Andrés Barreto, actual Superintendente de Industria y Comercio, el Delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera Saavedra y el exsuperintentende Pablo Felipe Robledo.
Una queja interpuesta por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón de Jesús Jesurún en la que informó a la Sala Disciplinaria que tanto los altos funcionarios como el exfuncionario no han obrado con imparcialidad y objetividad para analizar el voluminoso material probatorio que a su juicio, demostraría su inocencia.
La Sala Disciplinaria, en el auto de apertura, indicó que en la queja se informó que el Delegado para la Competencia Desleal, Juan Pablo Herrera ignoró el contenido de las pruebas practicadas en más de 25 audiencias en curso del procedimiento y que, a pesar de ello, recomendó al Superintendente de Industria y Comercio sancionar a la Federación Colombiana de Fútbol, FCF, por haber incurrido, a su juicio en una práctica restrictiva de la libre competencia, “omitiendo deliberadamente dentro del informe motivado la transcripción de las respuestas en la que los investigados y testigos prueban la ausencia de responsabilidad por parte de la FCF y de sus miembros”.
En el auto del Consejo Superior de la Judicatura, se advierte que en la queja se indicó que en 130 de las referencias el delegado Herrera, hizo alusión a las preguntas de la SIC, e incluso una de ellas corresponde a un “delator”, además a cuatro de los abogados de otros investigados pero ninguna de las planeadas por el apoderado de la FCF ni de los miembros del Comité Ejecutivo de la entidad.
Otro punto que motivó la apertura formal de investigación en contra de los funcionarios es que en los interrogatorios realizados por la FCF, también fueron omitidos. A su juicio, eran determinantes porque con estos se probaba que los miembros de la Federación Colombiana de Fútbol no incurrieron en actos ilegales para direcciones el contrato de boletería a Ticket Shop, “nunca conocieron los términos de invitación antes que fuera publicada, su propuesta para operar la boletería contrario a lo que afirma la SIC, era la mejor para la FCF”.
Así mismo, se evidenció que junto con Tu Boleta, eran las únicas empresas que tenían experiencia en el fútbol para poder operar las eliminatorias y que la FCF no tuvo relación con la presunta operación ilegal de reventa, entre otras.
Otro de los puntos determinantes en la queja disciplinaria recae en que Juan Pablo Herrera, Delegado de la SIC en la Resolución 65924 del 25 de noviembre de 2019 le pareció intrascendente que el exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, “haya presuntamente interferido en la fase de instrucción del procedimiento, a través de una reunión clandestina”.
Se cuestiona que Herrera no hubiera indagado sobre esta reunión, ni informado a las autoridades. De la misma manera que se ha puesto en evidencia la cercanía entre Herrera y Robledo. En la hoja de vida del hoy Superintendente Delegado para la Competencia, Juan Pablo Herrera, tiene como referencia a Pablo Felipe Robledo quien celebró públicamente su nombramiento.
En su red social Twitter, indicó, “muy acertado nombramiento hizo @sicsuper @andresbarretog al designar a Juan Pablo Herrera como SuperDelegado para la Protección de la Competencia. Él tiene todas las credenciales de conocimiento técnico, experiencia y honorabilidad indispensables para ese cargo”.
También se reprochó la asistencia de Juan Pablo Herrera a una rueda de prensa que se realizó el 30 de julio de 2018, así como la difusión que realizó de las afirmaciones públicas que realizó el entonces Superintendente Robledo, “encaminados a condenar, ilegal, pública y anticipadamente a los investigados”
Finalmente se advierte en la queja disciplinaria que el Delegado no fue imparcial y desde el principio tuvo la intención de proferir un informe motivado con el propósito de sancionar a la Federación y a los miembros del Comité Ejecutivo.
Dentro de las pruebas que reposan en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, están la carpeta de resoluciones de la SIC con el informe motivado; la resolución mediante el cual se abrió investigación y se formuló pliego de cargos; el cierre de la etapa probatoria; nueve transcripciones de audiencias, las publicaciones realizadas en Twitter por Juan Pablo Herrera, un derecho de petición, una nota de prensa, así como nueve videos.
El tribunal solicitó además acta de nombramiento y posesión de los investigados, certificación de salarios y escucharlos en versión libre.
De esta manera el Consejo Superior de la Judicatura argumentó el auto en el que inició investigación disciplinaria en contra de loa funcionarios, “verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, (...) el perjuicio causado a la administración pública con la falta y la responsabilidad disciplinaria del investigado”.
Un panorama que pone contra las cuerdas al presidente Iván Duque quien seguramente deberá designar un superintendente ad hoc para este caso.
Al respecto, la Agencia de Periodismo Investigativo, API, consultó a José Manuel Restrepo, ministro de Industria y Comercio, quien además del primer mandatario es el superior del superintendente y al respecto manifestó, “voy a revisar el tema con el equipo jurídico nuestro, porque no he recibido esa notificación y una vez la reciba estudiaremos cual es el procedimiento que legalmente es el apropiado”.
Esta investigación disciplinaria se suma a la indagación penal que realiza la Fiscalía 379 seccional de la unidad de Administración Pública en contra de tres funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio, Luisa Fernanda Montero Mosquera, Natalia Pabón Domínguez y Juan Sebastián Ternera por el presunto delito de prevaricato por acción, por el mismo caso que hoy tiene encartados a los altos funcionarios de la entidad.
Al respecto, ninguno de los seis procesados en el caso se ha pronunciado públicamente sobre este caso que con el paso de los días se sigue enredando.
