Una investigación periodística en desarrollo, atada a conjeturas sobre las razones de la cancelación del lanzamiento de una nueva temporada del programa de Pirry en el canal RCN, puso esta semana al presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, en el ojo del huracán. Sin embargo, más allá del lío por la compra de un predio de 56 hectáreas en Risaralda, hoy reclamado en un proceso de restitución de tierras, o los trámites para convertirlo en una estación de gasolina, son varios los dilemas judiciales del senador caldense.
Paradójicamente, mientras el presidente del Congreso se defendía públicamente de los señalamientos por la adquisición del predio en entredicho, o por supuestas presiones para que la investigación periodística no se divulgara, en la Corte Suprema de Justicia se ha venido reactivando la investigación que abrió en su contra hace casi siete años por presuntos vínculos con paramilitares. Además de por dineros en su campaña de 2006 supuestamente procedentes de un personaje vinculado al narcotráfico.
El tema está relacionado también con la actuación de una funcionaria que ha dado de qué hablar en los círculos judiciales. La exjueza Teresita Barrera, la misma que peleó con el entonces fiscal Eduardo Montealegre porque dejó en libertad al hacker Andrés Sepúlveda en la primera audiencia después de su captura, o cuestionó decisiones de la Fiscalía en las pesquisas a la exdirectora del IDU Liliana Pardo, en el sonado caso del carrusel de la contratación en Bogotá. Hasta esta semana, Teresita Barrera estuvo a cargo del caso Lizcano.
En mayo de 2016, por invitación del recién llegado magistrado Francisco Acuña y su conocimiento de tiempo atrás en la Universidad Nacional, Teresita Barrera entró a ser su magistrada auxiliar. Su primera tarea fue constatar que en ese despacho, semanas antes del exmagistrado Leonidas Bustos, había varios expedientes casi inactivos, entre ellos dos más voluminosos: el que se sigue a la excongresista del Partido de la U Piedad Zuccardi y el que sea abrió en enero de 2009 contra el senador de la U Mauricio Lizcano.
Cuando Teresita Barrera recibió esta última causa tenía 11 cuadernos y 37 anexos, y en el mismo proceso estaban acumuladas las denuncias en su contra. Sus presuntas relaciones con paramilitares, los dineros de un narcotraficante conocido como alias Patemuro en sus campañas políticas y hasta el caso de la compra del predio en Risaralda. Entre otros investigadores, el expediente había sido instruido por la exfiscal Martha Lucía Zamora, pero a pesar de múltiples testimonios y documentos, no se había tomado una decisión de fondo.
Por esa razón, Teresita Barrera decidió interrogar a Mauricio Lizcano y a su madre, Martha Arango, gerente de una de sus campañas políticas. Él concurrió a la Corte Suprema el 2 de septiembre y ella lo hizo el día 9. El primer interrogatorio lo hizo directamente el magistrado titular Francisco Acuña. La exjueza Barrera escuchó a Martha Arango con un largo cuestionario de 68 preguntas. Tres meses después, la magistrada auxiliar planteó a la Corte Suprema de Justicia una apertura de instrucción contra el senador Mauricio Lizcano.
Su propuesta fue llevada a la Sala Plena, pero casi al mismo tiempo Teresita Barrera fue notificada de la imputación de cargos que le hizo un fiscal por su actuación durante la instancia de legalización de captura y medida de aseguramiento contra la exdirectora del Instituto de Desarrollo Urbano Liliana Pardo, en 2015. Esa diligencia judicial se realizará el próximo martes. La acción en su contra le costó el cargo en la Corte Suprema de Justicia por solicitud del propio magistrado Acuña. Mañana entrega el cargo y encara su defensa.
No obstante, mientras Teresita Barrera enfrenta a la justicia que por más de dos décadas ha representado y ya radicó una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, su propuesta de apertura de instrucción contra el senador Mauricio Lizcano quedó a disposición de los magistrados de la Corte Suprema. Justo en el momento en que el presidente del Congreso ha tenido que dar explicaciones públicas por la compra de dos lotes de 56 hectáreas en la vereda El Callao de Quinchía (Risaralda).
En términos generales, las investigaciones contra el senador Mauricio Lizcano en la Corte Suprema están relacionadas con la supuesta presencia de dineros del narcotraficante Carlos Arturo Patiño, alias Patemuro, en algunas de sus campañas, y sus presuntos vínculos con el bloque Cacique Pipintá de las Autodefensas. Otras denuncias tienen que ver con el supuesto pago de una comisión para una concesión minera, un cambio en el orden del día en un debate para la aprobación de la ley de licores y presiones a electores en Marmato.
Sobre el tema de Patemuro, condenado en 2012 en Estados Unidos a 40 años de prisión por narcotráfico, la defensa de Mauricio Lizcano sostiene que existen declaraciones que prueban que Carlos Arturo Patiño nunca le dio dinero al político caldense. Sobre los supuestos vínculos del bloque Cacique Pipintá, añade que son comentarios de un testigo mentiroso compulsivo y que datan de la época en que el padre del congresista, Óscar Tulio Lizcano, estaba secuestrado y la familia se oponía radicalmente al rescate militar.
En tal sentido, además de cuestionar a Carlos Enrique Vélez por sus antecedentes como falso testigo, la defensa de Mauricio Lizcano insiste en que en el expediente abundan declaraciones de quienes niegan cualquier vínculo del congresista con el paramilitarismo. En cuanto a los señalamientos del ciudadano Marco Aurelio Uribe en su contra, manifiesta que esa misma persona se ha dedicado a hacer comentarios contra políticos en su blog, pero que ninguno de sus escritos ha servido como soporte para iniciar investigaciones.
La defensa de Lizcano insiste en que el comentarista dijo primero que Patemuro le colocó al congresista un personaje en su unidad legislativa, y el dato resultó falso. Que el acusador además ha admitido que la única vez que tuvo contacto personal con Mauricio Lizcano fue para pedirle dinero. Finalmente, que el señor Augusto González Patiño, que trabajó en su unidad legislativa, no es familiar de alias Patemuro, así tengan un apellido común y ambos sean naturales de Viterbo (Caldas). De esta manera, atribuye a calumnias los señalamientos.
Respecto a los dineros que ingresaron a su campaña en 2006, sostiene que los aportes más significativos fueron de su propia familia y un préstamo de un particular, garantizado con un pagaré y cancelado en seis cuotas. En cuanto a los aportes realizados por varios particulares, la defensa de Lizcano se ha concentrado en aportar certificaciones para demostrar que las personas que le ayudaron disponían de recursos suficientes para aportar a sus campañas. En consecuencia, ha insistido en que la Corte inadmita el caso.
Lo demás son los coletazos de la investigación periodística que asegura que en 2012 Mauricio Lizcano participó en la adquisición de un predio, negociado después de un remate, pero hoy asociado a un reclamo de restitución de tierras porque, en extrañas circunstancias, dos antiguos dueños del bien fueron desaparecidos en noviembre de 1996. Además, la periodista Diana Salinas, que documentó el caso, sostiene que el senador Lizcano adelantó después trámites para construir una estación de gasolina en los lotes adquiridos.
Toda la semana, Lizcano insistió en que él y su familia fueron compradores de buena fe, que nada tiene que ver con la desaparición de antiguos dueños y que sólo dos años después de la compra supieron de la demanda ante la Unidad de Víctimas. En cuanto a los trámites para la estación de gasolina, agregó que fue su padre quien estuvo al frente de ese proceso y lo delegó a un experto llamado Nicolás Cardona. “Pongo mi credencial como garantía”, recalcó con seguridad. Cierto o no, el presidente del Congreso sigue en el centro del debate.
La trayectoria del congresista
Abogado de 40 años de edad, especializado en asuntos de gerencia, gobierno y públicos, el congresista Mauricio Lizcano fue funcionario público, como quiera que se desempeñó como secretario de Tránsito en Manizales, fue consultor, gerente editorial en el sector privado y director territorial del Dansocial. Luego, como consecuencia del secuestro de su padre Óscar Tulio Lizcano en el año 2000 por parte de las Farc, decidió lanzarse a las elecciones legislativas de 2006, en las cuales resultó elegido con una importante votación. Para las elecciones de 2010, Lizcano aspiró al Senado y logró una curul. En 2014, el congresista repitió escaño por el Partido de la U, también con significativa votación. En su trayectoria se cuentan varias leyes y hoy es presidente del Congreso.
