La Directora Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría Jurídica Distrital, Julies Katherine León Beltrán, mediante resolución 254 de este 5 de julio sancionó a la Fundación para el Desarrollo, Fundesa, organización sin ánimo de lucro mediante la cual funciona la Universidad Sergio Arboleda y le impuso una multa de $14.2 millones por no cumplir con las medidas que le impuso la dependencia de la Alcaldía de Bogotá.
Estas se originaron el pasado 28 de septiembre de 2022. La misma Dirección sancionó a Fundesa, así como a su representante legal suplente Jaime Cadena Agudelo, a los miembros del Consejo Directivo en calidad de administradores, es decir, Rodrigo Noguera, el exministro de Deporte en el gobierno de Iván Duque, Ernesto Lucena y la revisora fiscal Mary Bell Nuñez Bautista separándolos del cargo.
En esa misma ocasión ordenó al entonces representante legal, Cesar Dimas Barrero Escobar convocar dentro del mes siguiente de dicha resolución al rector de la Universidad Sergio Arboleda y a Fernando Solano Villarreal miembro del Consejo Directivo para que procedieran a designar los miembros faltantes del máximo órgano.
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Asimismo se estableció que la Universidad debía designar un contador, un representante legal suplente y un revisor fiscal e incluso establecer en los estatutos las conductas contrarias al cumplimiento altruista de la entidad en la que pudieran incurrir tanto administradores como el representante legal. Para ello se estableció un plazo de seis meses, el incumplimiento le generaría una multa diaria de $500.000
Adicionalmente se le recordó a la Universidad que la Alcaldía de Bogotá incluso podría suspender y cancelar la personería jurídica de las asociaciones, corporaciones o fundaciones sin ánimo de lucro como es el caso de la Universidad Sergio Arboleda.
Dos meses después de dicho acto administrativo, la institución a través de su apoderado judicial remitió a la Alcaldía de Bogotá, el acta de la reunión extraordinaria del Consejo Directivo Fundesa. En estas se designó a Rodrigo Hernandez Celis, Fernando Augusto Villarreal y Diego Mario Calderon Muñoz como miembros del Consejo Directivo y de Alejandro García Valencia y Marco Gnecco Vieda como suplentes.
En ese mismo escrito se informó que se había realizado un acuerdo de pago entre Fundesa y el exrector de la Universidad, Rodrigo Noguera Calderon.
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Los nuevos integrantes del Consejo Directivo son Fernando Augusto Villarreal, abogado egresado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad de La Sabana y quien entre 2017 y 2020 fue contratista de la Alcaldía de Bogota en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal y en el Ministerio del Deporte, justo cuando Ernesto Lucena fungía como cabeza de esa cartera.
Otro de los integrantes, Marco Antonio Gnecco Vieda, en los últimos seis años ha sido contratista de varias entidades del Estado como el Archivo General de la Nación en 2017, la Autoridad Nacional de Acuicultura en 2018, la Agencia Nacional de Minería en 2022 y el Ministerio del Deporte desde el 28 de enero de 2020.
Si bien la Alcaldía de Bogotá, a través de la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia y Control consideró que con la designación de los integrantes del Consejo Directivo principales y suplentes había cumplido el requerimiento no consideró lo mismo respecto a la obligación de reportar la información contable y financiera.
El propósito de dicha solicitud era verificar que el patrimonio de la Universidad se conservara, los ingresos sean debidamente ejecutados en el desarrollo del objeto social de la entidad, se cumpliera la voluntad de los fundadores o sus asociados y evitar que sus actividades se desvíen de las funciones, deberes y objetivos legales y estatutarios.
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Y es que aún no se ha aportado la certificado los estados financieros de los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
Tampoco se entregó el informe detallado de ejecución de excedentes del año 2018, así como el informe de ejecución efectiva, gastos, inversiones costos de los excedentes generados durante ese año y que ascendieron a los $1.073 millones.
En cuanto al balance de cuentas por cobrar, Fundesa no presentó el informe del avance del proceso de la constitución de la garantía de la cuenta por cobrar a Rodrigo Noguera Calderon por $2.446 millones.
Esto porque en el más reciente informe que presentó la organización sin ánimo de lucro advirtieron que las conversaciones con el exrector y otrora hombre fuerte del gobierno de Iván Duque, Rodrigo Noguera se ofreció transferir a la universidad un inmueble de su propiedad en la modalidad de dación de pago.
"Dicha cuenta por cobrar, en el caso de no poderse recaudar ocasionaría una disminución sobre el patrimonio de Fundesa lo cual permite evidenciar que los administradores en su gestión no estarían actuando con la debida diligencia y lealtad con los intereses de la Fundación".
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Otras inconsistencias detectadas por la Dirección de Inspección y Vigilancia fue que no se registró el valor del impuesto predial del año 2018, tampoco se aportó el avalúo comercial del inmueble Humapo 1, los derechos del Fideicomiso Ranchería ni de los anticipos a contratistas por $800 millones, los cuales la Universidad informó que se le habían reclasificado a Rodrigo Noguera.
En cuanto a la incorporación de las normas de conducta de administradores, rectores e integrantes del Consejo Directivo los cuales debían ser incluidos en los estatutos, la Universidad en el informe del 28 de abril presentó un proyecto completo de nuevos estatutos pero no evidenció que estos se hubieran registrado ante la Cámara de Comercio ni en el RUES, y al realizar la verificación se determinó que no existe ningún registro de dichos estatutos.
Es decir que la nueva sanción en contra de Fundesa, la organización sin ánimo de lucro bajo la cual funciona la Universidad Sergio Arboleda se impuso por la renuncia o desacato de las órdenes impartidas que aseguren la viabilidad administrativa, patrimonial y financiera del claustro educativo que tiene en la actualidad más de 10.000 estudiantes en pregrado y posgrado.
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