En las próximas semanas se inicia el juicio contra seis médicos acusados por los presuntos delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Un caso en donde son cuestionados por registrar un curso en cirugía plástica y estética realizado en una universidad de Brasil como si se tratara de una especialización en esa área. Sin embargo, el proceso puede dar un giro porque los facultativos cuestionados argumentan que en Colombia no se requiere título en posgrado en cirugía plástica para ejercer y que los títulos obtenidos en Brasil son legales.
Los cirujanos que están en el ojo del huracán son Oscar Javier Sandoval Estudian, Francisco José Sales Puccini, Carlos Elías Sales Puccini, Juan Pablo Robles Álvarez, Ronald Ricardo Ramos Daza y Jorge Nempeque Domínguez, quienes se convirtieron en el eje de un debate jurídico desde el 11 de julio de 2016, porque un supuesto colega quien se identificó bajo el seudónimo Marco Antonio Aurea radicó una denuncia anónima en el ministerio de Educación Nacional.
El documento, de varias páginas, detalló cómo los facultativos habrían obtenido de forma irregular o fraudulenta los certificados que los acreditaron como especialistas al efectuar los estudios correspondientes del curso Lato Sensu de cirugía plástica y estética de la Universidad Veiga de Almeida en Brasil.
De inmediato, a través de la secretaría general del ministerio de Educación, en la administración de Gina Parody, se inició un proceso interno con el propósito de documentar una serie de expedientes que contenían la solicitud, trámite de convalidación, certificados, oficios, conceptos técnicos, resoluciones de convalidación y reportes de Migración Colombia, que llevaron al organismo rector de la educación a entregar copiosa documentación a la Fiscalía.
Sin embargo, el asunto fue más allá, porque en medio de las averiguaciones internas, el ramillete de médicos cuestionados se amplió a 43 facultativos. Así las cosas se remitieron ese número de expedientes, pero según registros oficiales, a la fecha, la investigación que más ha avanzado es contra los seis médicos acusados.
El eje de la investigación es el testimonio del médico identificado con el seudónimo de Marco Antonio Aurea. El testigo manifestó que desde 2010 varios médicos fueron contactados por una supuesta oficina de promoción de educación de Brasil. Allí les ofrecieron varios postgrados y para certificar su éxito, mencionaron a otros médicos que supuestamente habían cursado la especialidad. Una gestión que para la época de los hechos se ofrecía por cerca de $300 millones, una suma que incluía además del curso, apostillado de documentos, certificaciones y convalidaciones, con otra particularidad, horarios flexibles. De esta manera, el curso atrajo la atención de cientos de médicos que se inscribieron.
Pero llegaron los problemas. Como había tantos inscritos, no fue posible acceder a la práctica en las clínicas y hospitales ofrecidos en Brasil. En contraste, esos centros asistenciales le exigían a los galenos continuidad y presencia académica, contrario a lo que se ofreció inicialmente.
Ante la situación, varios médicos abandonaron los estudios y otros esperaron. Pero algunos de ellos, recibieron una inusitada oferta de la oficina en Brasil, pagar un bono extra para acreditar las horas de práctica. Con el ofrecimiento, detalló el testigo Aurea, muchos accedieron a la propuesta.
Del mismo modo, en su comunicación el testigo, le pidió a las autoridades que verificaran las certificaciones aportadas por el Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirao Preto da Universidad de Sao Paulo, Beneficencia Portuguesa de Sao Paulo y Clínica Eduardo Considera de Curitiba, para ratificar que lo que estaba denunciando tenía fundamento.
La detallada denuncia, conocida por la Agencia de Periodismo Investigativo, API, cita a María del Pilar Leyva como la persona encargada de hacer los ofrecimientos de los cursos en Brasil, quien según el testigo, tenía su centro de operaciones en una clínica en la Colina Campestre, al norte de Bogotá, un asunto que nunca fue investigado.
En este contexto, la documentación con la información de los cirujanos llegó a Iván Lombana, para ese entonces director de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas y el asunto fue trasladado al fiscal Carlos Ariel Silva Aguilar, adscrito a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras, quien actualmente maneja el caso. Desde entonces, han pasado más de dos años y luego de varias indagaciones, el 2 de febrero de 2018, la Fiscalía, acusó a seis médicos.
Hace pocas semanas, se efectuó la audiencia preparatoria. Allí se están debatiendo varias solicitudes probatorias. Una vez, el juez decrete las pruebas, dentro de poco comenzará el juicio oral y la defensa de los facultativos ya tiene lista su artillería jurídica por eso el caso vuelve a tomar relevancia. Lo cierto, es que en los estrados judiciales no se está cuestionando las cirugías plásticas que estos médicos realizaron o los resultados de las mismas, pues el asunto no versa sobre lesiones personales si no por fraude procesal y falsedad en documento privado.
El reproche de la Fiscalía se centra en si el contenido de los certificados de estudio obtenidos en Brasil es auténtico o no. Ni siquiera sobre el curso, pues ya se estableció su veracidad. La recriminacion reace en el hecho de no haber especificado en la casilla del formato de convalidación del Ministerio de Educación, que se trataba de un curso con modalidad flexible y no de una especialización en cirugía plástica, estética y reconstructiva que correspondía a un periodo de 4 años bajo la modalidad presencial. Lo cual era el equivalente en Colombia a especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética, y por supuesto, en las certificaciones de horas que presentaron.
Y es que junto con la copia del título aportaron como soportes: certificado del curso, el histórico escolar que acredita haberse cursado 2616 horas del 24 de abril de 2012 al 18 de septiembre de 2013, el pensum académico, certificado de la práctica de los hospitales Das Facultade de Medicina de Ribeirao Preto, Beneficiencia Portuguesa De São Paulo, Sociedad de Brasileira De Medicina e Cirugía Plástica Estética: Ambulatorio en Río de Janeiro y Clinica Eduardo Considera: dos prácticas paralelas: Facial y Corporal.
Pero no solo allegaron la documentación del curso de la universidad brasilera. También aportaron certificados del Centro Universitario de Aaras-UNAR de 2880 horas, realizado entre el 5 de enero de 2010 al 20 de diciembre de 2012. Por su parte, los médicos Óscar Sandoval, Juan Pablo Robles y Ronald Ramos, radicaron el histórico escolar de un curso de cirugía general de 1840 horas que adelantaron, al mismo tiempo que el que realizaron en Brasil entre abril de 2012 y marzo de 2014. En virtud de lo anterior, la Fiscalía en su acusación fue enfática en advertir que los certificados son reales, pero su contenido es “presuntamente falsificado”.
A la Fiscalía no le cuadran las cuentas, pues al cruzar las horas escolares con los registros aportados dentro de la investigación por parte de Migración Colombia, no coinciden los días de permanencia en Brasil con las horas acreditadas. Por ejemplo Óscar Javier Sandoval, según el ente acusador, solo podía haber acreditado 540 horas, pues su permanencia fue de 54 días, con un componente adicional, éstas se cruzaban con otro curso de cirugía general en que acreditó 1880 horas.
En cuanto a Francisco José y Carlos Sales Puccini, de las 2.616 horas acreditadas entre abril de 2012 y septiembre de 2013 solo podían haber cumplido con un máximo de 170 y 160 horas, respectivamente y no las 2616 que acreditaron. Lo mismo sucede, según la investigación, con los médicos Jorge Nempeque, Juan Pablo Robles y Ronald Ricardo Ramos quienes estuvieron en Brasil 8, 38 y 23 días respectivamente.
Un hecho adicional complica la situación de los médicos y es que la investigación calificó como doblemente lesivo. Los facultativos acreditaron también 2880 horas del Centro Universitario de Araras-UNAR. Sin embargo por su permanencia en Brasil “solo pudieron haber cumplido un máximo de 70 horas”. Este curso era un prerequisito del curso de cirugía plástica y estética en la universidad Veiga de Almeidas.
No solo se reprocha las numerosas horas acreditadas con los pocos días en que estuvieron en dicho país, también con que no hubieran estado presentes en las prácticas soportadas en diversos centros hospitalarios de Brasil, “…al verificarse la no presencia de los médicos imputados en el desarrollo de las prácticas acreditadas como realizadas en los centros hospitalarios de Brasil- donde la presencia física del estudiante no puede ser relevada de manera alguna- ya que al verificarse lo propio con Migración Colombia, se constata que, además de cruzarse entre sí, incluso en centros hospitalarios ubicados en distintas ciudades de Brasil, los médicos imputados no tuvieron la permanencia o ubicación física en Brasil para su realización” reza uno de los informes.
Otro de los argumentos recae en la normatividad. Manifiesta la Fiscalía que la ley 1164 de 2007, denominada de Talento Humano, en su artículo 18, dispuso que quienes al momento de la promulgación de la ley estuvieran realizando procedimientos propios de una especialización sin tener el respectivo título de posgrado tendrían un término de 3 años para acreditarlos, expedida por una institución legalmente reconocida.
Allí, precisamente, radica el eje del debate y se enfila una gran parte de la artillería por parte de la defensa. Pues mientras la Fiscalía afirma que el término previsto por la ley finalizó en el año 2010 e incluso enumeran una serie de conceptos y resoluciones del Ministerio de Protección Social y de las facultades de Medicina de las universidades Nacional y Javeriana, en los que se establece que solo pueden ejercer como especialistas en cirugía plástica, estética y reconstructiva quienes ostenten un título académico que respalde dichas competencias, la defensa es enfática en decir que no es cierto que en Colombia se requiera título de especialista para ejercer competencias de cirugía plástica.
La defensa advierte que sí es cierto que el Ministerio de Salud emitió varias resoluciones con el propósito de exigir títulos de especialista, pero que esta pretensión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-756 de 2008. Otras resoluciones del mismo ministerio, así como la ley 1164 fueron anuladas por el Consejo de Estado en octubre de 2014, impidiéndole al ministerio del ramo, exigir títulos de idoneidad para ejercer especialidades medicas o quirurgícas que no estén reglamentadas por la ley” y afirman que las únicas reglamentadas y a las que se les exige título de especialista son la anestesiología y radiología.
En suma, reiteran los médicos acusados través de sus abogados, que cualquier médico cirujano que hubiera tenido o tenga las competencias e idoneidad en una especialidad puede ejercerla legalmente en Colombia, pues no es cierto que la ley exija títulos de especialista, salvo las dos excepciones mencionadas.
Los galenos advierten que no son “médicos de garaje” ni “falsos médicos. Que son un grupo de médicos cirujanos debidamente entrenados quirúrgicamente desde pregrado, que incluso algunos cuentan con especialidad quirúrgica en cirugía general o ginecobstetricia y con una experiencia entre 5 y 20 años de ejercicio profesional en medicina y cirugía plástica estética. Enfatizan en que dicha experiencia es académica, teórica y práctica, pues tienen diversos cursos, diplomados y entrenamientos que les han permitido ejercer su profesión.
Otro de los argumentos es que a pesar de no ser una exigencia de ley tener un título académico de especialista para ejercer como cirujano plástico, de manera voluntaria decidieron acudir a uno de los paises más reconocidos en esta área como es Brasil para hacer su proceso de “validación u homologación y formación académica en la Universidad Veiga de Almeida, para posteriormente obtener la respectiva convalidación en Colombia” .
También destacaron que aunque fue su intención realizar este proceso de convalidación en Colombia, el país no lo permite por los pocos cupos disponibles, toda vez que en programa de cirugía plástica, reconstructiva y estética solo existen 11 activos, con un promedio de 2 cupos al año por programa. También manifestaron que estos programas están monopolizados por las Instituciones de Educación Superior pues a diferencia de otros países, no se permite que los hospitales entrenen y efectúen apertura de cupos de especialización.
Los médicos no dudaron en hacer señalamientos hasta ahora desconocidos. Denunciaron que, “existe un grupo gremial tradicional que quiere ejercer el monopolio de dicha actividad académica y médica en Colombia llamado Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Reparativa y Estética” Y que por lo tanto, cursa en un juzgado civil de Bogotá, una acción de grupo para evitar la vulneración y la competencia desleal de la que “venían siendo victimas los médicos no pertenecientes a este gremio”.
Por último, insisten en que la Universidad Veiga Almeida de Río de Janeiro, Brasil, es reconocida desde 1999, que su más reciente acreditación es del año 2012 y por un término de 10 años, que la misma tiene una calificación de 4/5 de alta calidad otorgada por el ministerio de Educación y Deporte de Brasil. De lo anterior, afirman, tienen conocimiento la comisión del ministerio de Educacion de Colombia que se desplazó a dicho país para establecer la legalidad de los títulos y la documentación de dicha universidad.
En cuanto al proceso de homologación que realizaron, dicen que el programa de especialización curso de postgrado Lato Sensu tenía unos requisitos altos. Cada médico debía presentar su hoja de vida y acreditar una experiencia de más de cinco años en medicina y cirugía plástica estética. Por lo tanto advierten que este es uno de los puntos en los que se diferencia un proceso de homologación de conocimiento a uno regular, pues el segundo no se le exige experiencia si no únicamente título de pregrado.
La defensa de los galenos argumenta que los criterios de homologación hacen parte de la autonomía universitaria de dicho centro académico en Brasil. Por ello a los médicos generales se les reconocieron 3.700 horas del componente teórico práctico de cirugía general y medicina y cirugía plástica estética. Con esto explican porque la exigencia presencial directa en Brasil era de 306 horas en actividades complementarias y fuera de ese país 450 horas.
Situación no muy diferente para los médicos especialistas a quienes se les reconocieron 2200 horas en el mismo componente teórico práctico, por lo tanto la exigencia presencial en el país carioca era de 176 horas en Brasil en actividades complementarias y fuera del país 250 horas. Para ello, acogen la delegación juramentada del médico Eduardo Teixeiea, coordinador del curso y de las rotaciones prácticas obligatorias.
De nuevo, el caso de los cirujanos genera debate frente a las autoridades. Lo cierto del proceso, es que en un pais en donde se hacen anualmente, cerca de 350 mil cirugias con fines estéticos, siendo el cuarto a nivel mundial, una decisión de la justicia es prioritaria. De paso, marcará un antecedente definitivo en una especialidad médica que ha dejado muchas víctimas producto de la improvisación, en un entorno de rivalidades profesionales apetecido por su rentable práctica.
