Hacinamiento crítico en centros de detención transitoria de Norte de Santander, llega al 313%

En visita de inspección hecha por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al Centro de Detención Transitoria (CDT) de Ocaña, en Norte de Santander, pudo comprobar que el hacinamiento supera el 260% y corroboró una vez más las difíciles condiciones en las que se encuentra esta población en todo el país. 

"Lo que encontramos es la radiografía de lo que hemos venido denunciando insistentemente desde que asumí como Defensor del Pueblo: vulneración de los derechos fundamentales de los detenidos, la gran mayoría, si no todos, como sindicados. No existen condiciones dignas porque muchos de ellos se enfrentan a tratos degradantes, y la infraestructura y lo relacionado con la salubridad son infrahumanas", aseguró Carlos Camargo Assis.  

Los niveles de hacinamiento de los CDT en todo Norte de Santander, basados en un informe de la Defensoría, superan el promedio nacional en lo que a ese tipo de centros se refiere, que es de aproximadamente el 140%. Esos espacios no cuentan con las características adecuadas para que una persona esté recluida más de 36 horas. El total de detenidos en el departamento asciende a 773, cuando la capacidad de las instalaciones solo es para 214, lo que corresponde al 313% de hacinamiento.

"La problemática no está siendo enfrentada como debe y tiene que ser. El Gobierno Nacional y los entes competentes están en la obligación de poner en marcha soluciones estructurales, integrales, de fondo", llamó la atención Carlos Camargo Assis.  

La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, ha llevado a cabo visitas de inspección a lo largo de los dos últimos años a la estación de Policía de Ocaña. 

Los resultados han sido usados en los reportes semestrales que la entidad presenta a la Corte Constitucional, con motivo del seguimiento al estado de cosas inconstitucional, que el alto tribunal decidió extender a los CDT, pues fue constatado cómo la reclusión prolongada en las estaciones de Policía y las Unidades de Reacción Inmediata del país se configura en tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo reiteró su llamado: "Aquí no solo se requieren soluciones, proyectos, programas e iniciativas a mediano o largo plazo, se necesitan medidas y programas inmediatos, porque la problemática hace rato tocó fondo. Por mucho esfuerzo que hagan las autoridades municipales, se requiere es la actuación de las autoridades de los niveles departamental y nacional".

Es importante la corresponsabilidad, remarcó Camargo Assis, y una política pública clara en lo que tiene que ver con la habilitación de nuevos cupos y espacios para la población privada de la libertad.

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