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Nueve integrantes de la Policía judicializados por torturar y asesinar dos personas en Córdoba

Las víctimas fueron obligadas a bajar de un bus intermunicipal para luego ser subidas a la fuerza a vehículos oficiales, donde fueron torturadas y asesinadas.

Policías procesados
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 11/10/2023 - 18:19 Créditos: Fiscalía General de la Nación

Por la presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato de dos personas en una vía que conduce de Lorica a San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba, la Fiscalía logró la judicialización de nueve integrantes de la Policía Nacional involucrados en los hechos mencionados.

De acuerdo con peritos del ente investigador, los hechos ocurrieron el pasado 30 de junio de 2022, cuando los uniformados obligaron a las víctimas a bajar de un bus de transporte público que cubría la ruta Sincelejo - San Onofre, Sucre y en la estación de servicio del último municipio habrían sido subidas a la fuerza a vehículos oficiales, donde fueron torturadas y asesinadas.

Así ocurrieron los hechos

Según la evidencia técnica recopilada por la Fiscalía, los miembros del Gaula Sucre, aparentemente, llevaron a cabo una serie de acciones irregulares antes del crimen.

Inicialmente, el 29 de junio de 2022, tras un atentado contra un oficial de policía en Betulia, Sucre, se alega que cuatro de los individuos procesados habrían realizado vigilancias en las residencias de uno de los individuos sin contar con una orden judicial. Simultáneamente, se habría llevado a cabo la interceptación ilícita del teléfono de una de las víctimas, con el fin de conocer todos sus movimientos.

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"El 30 de junio, ocho de los entonces integrantes del Gaula, presuntamente, se trasladaron a la terminal de transportes de Sincelejo, y se comunicaron con unidades de tránsito para que pararan el bus en el que se trasladaban los dos hombres que eran vigilados y una de sus parejas", comenta la Fiscalía.

Detalla también que, "en el peaje La Esperanza, entre Sincelejo y San Onofre, el vehículo fue detenido y la mujer obligada a bajar con el supuesto de que presentaba inconsistencias en sus documentos".

"El automotor siguió la marcha, y kilómetros más adelante en la estación de servicio de San Onofre descienden las víctimas. En ese punto, al parecer fueron retenidas de forma violenta y llevadas en carros oficiales vía a Lorica, a uno de los vehículos les habrían sido cambiadas las placas por unas falsas. En el camino, se presume que fueron amarradas, golpeadas y atacadas con armas de fuego, hasta causarles la muerte", especifica el ente de control.

Los procesados y las imputaciones

  1. Capitán Luis Alberto Regino Garnautt, exjefe del Gaula Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, violación ilícita de comunicaciones, peculado por uso; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
     
  2. Capitán Rafael Reinaldo Peña Carranza, ex subjefe del Gaula de Sucre, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.
     
  3. Intendente Alexander Manuel Díaz Nader y patrullero William Enrique Rodríguez Socarrás, por los delitos de homicidio agravado y secuestro.
     
  4. Patrulleros Tomás Castro Vital y José Alejandro Gómez Coronado, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.


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  1. Patrullero Luis Min Benítez González, por el delito de homicidio agravado.
     
  2. Patrullero Guillermo Javier Muñoz Amaya, por los delitos de homicidio agravado, secuestro; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios; violación ilícita de comunicaciones y fraude procesal.
     
  3. Patrullero Yimer Andrés Cruz Zúñiga, por los delitos de homicidio agravado, secuestro, tortura agravada, peculado por uso; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y; ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

 

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