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Corrupción crece en Colombia: 3.579 condenas en los últimos cuatro años
En ese periodo 21.110 imputaciones por delitos asociados con apropiación y desviación ilegal de recursos, direccionamiento de contratos y otras conductas irregulares.
La corrupción no cede en Colombia. En la lucha contra ese flagelo, se realizaron 21.110 imputaciones y obtuvieron 3.579 condenas por hechos asociados con corrupción, entre 2020 y 2023.
En los 19 delitos de mayor incidencia, como el cohecho, el peculado, el interés indebido en la celebración de contratos, la concusión y la falsedad ideológica, entre otros; fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción y de las 35 seccionales de la entidad materializaron 1.553 imputaciones y lograron 480 condenas.
¿Qué pasó con Odebrecht?
El caso se inició en la administración del fiscal Néstor Humberto Martinez. Después en febrero de 2020, se puso en funcionamiento el Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht. En ese sentido, se solicitaron audiencias de imputación en contra de 104 personas.
Se materializaron las diligencias en contra de 74 investigados (55 exfuncionarios, 17 contratistas
y 2 representantes de campañas políticas). 65 de los procesados fueron acusados, en contra de 11 se obtuvieron condenas y con 4 se suscribieron principios de oportunidad.
Aforados
Procesos en contra de aforados
Fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia impulsaron investigaciones para dar con
los responsables de graves casos de corrupción en los territorios y en el sector justicia.
De esta manera, ejecutaron 19 imputaciones en contra de 9 gobernadores y 66 más en contra
de 45 exgobernadores. Asimismo, acusaron a 9 gobernadores y a 50 exgobernadores; y lograron 34 condenas en contra de 23 exgobernadores.
Rama judicial
Respecto a hechos de corrupción en la Rama Judicial, 23 personas fueron imputadas y 20 acusadas. Adicionalmente, se obtuvieron 14 condenas.
Contratación estatal
Uno de los grandes resultados en la lucha contra la corrupción fue la identificación y afectación
a una red delictiva articulada por el fallecido excongresista Mario Alberto Castaño Pérez, que
direccionó la contratación en entidades del orden nacional y municipal.
En este frente fueron imputadas 42 personas, entre ellas 8 alcaldes. Ante la contundencia de las pruebas recaudadas por el equipo de fiscales de la Dirección Especializada contra la
Corrupción y los grupo de policía judicial, 34 de los implicados aceptaron su responsabilidad por allanamiento de cargos o mediante preacuerdos.
Hasta el momento se han obtenido 5 condenas y 29 más están a punto de emitirse por parte de la Judicatura, previa aprobación de los preacuerdos y las aceptaciones de cargos.
Producto de la compulsa de copias hecha a la honorable Corte Suprema de Justicia, la Sala Especial de Primera Instancia condenó al excongresista Mario Castaño a 15 años y 11 meses
de prisión.
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