Desmantelan operación criminal de contrabando de medicamentos para cáncer y VIH

Un exfuncionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en Colombia, varios representantes y empleados de empresas farmacéuticas, distribuidores y miembros de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) están actualmente bajo proceso judicial. Las autoridades están investigando a otros funcionarios también.

Sergio Suárez, como exfuncionario de Invima, fue el facilitador clave que permitió a una red de contrabando operar desde las sombras. Aprovechándose de su posición dentro de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos de Invima, Suárez presuntamente manipuló los protocolos estándar para permitir a esta red ilícita comercializar medicamentos alterados y en mal estado destinados a tratar enfermedades mortales como el cáncer y el VIH.

La red criminal en cuestión contaba con la participación de otras 13 personas, incluidos empleados de otras farmacéuticas legalmente constituidas, comercializadoras y personal de las IPS. Todos están a la espera del juicio final.

La red de contrabando operaba bajo la apariencia de proveer un servicio necesario. En Colombia, los medicamentos para tratar enfermedades vitales como el cáncer y el VIH no se distribuyen ampliamente debido a su alto costo. 

Sin embargo, la investigación de la Fiscalía revela que estos medicamentos eran introducidos de manera ilegal al país, y en una condición lamentable, dando pie a la implicación de Suárez y otros funcionarios de Invima para asegurar la continuidad de este ilícito comercio.

Hugo Tovar Pérez, Director Especializado contra las Violaciones a los Derechos Humanos, indica que los medicamentos se transportaban desde Venezuela hasta Bogotá en condiciones precarias, utilizando empresas de transporte y asignando números de placas y celulares de conductores para coordinar las entregas, en un esfuerzo por dar apariencia de legalidad.

Suárez jugaba un papel protagonista en la manipulación de la documentación y la expedición de certificados sanitarios. Las autoridades descubrieron que, entre enero de 2021 y julio de 2023, intervino hasta 15 veces para facilitar la venta de estos medicamentos alterados.

Más allá de manipular la documentación, Suárez también asumía la tarea de evitar cualquier tipo de sanción que pudiera obstaculizar la distribución de medicamentos a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores en varias regiones de Colombia.

Para asegurar sus servicios, Suárez acordaba pagos internos en Invima, que se entregaban en varios lugares públicos y en su propio hogar.

El siguiente paso de la red consistía en establecer conexión con los hospitales utilizando fachadas legales para generar facturas y órdenes de compra falsas. Luego, a través de un distribuidor de medicamentos, reclutaban pacientes con estas enfermedades y gestionaban la entrega y aplicación de medicamentos de alto costo, falsificados pero supuestamente importados de países como Estados Unidos, India y China.

En su plan para realizar esta operación, reclutaban médicos en las EPS para prescribir estos medicamentos a su conveniencia, a cambio de compensaciones económicas.

Debido a su papel crucial en la facilitación de esta red criminal, Suárez ha sido acusado de concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público, ambos en calidad de autor. Aunque Suárez ha negado los cargos, ha sido arrestado por la policía tras presentarse para responder a una orden judicial. Otros 13 miembros de la red criminal fueron detenidos con él, y las investigaciones sobre otros funcionarios de Invima continúan.

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