Congreso a punto de prohibir absurdas terapias para dejar dejar de ser LGBTIQ +

En la Cámara de Representantes se aprobó en segundo debate un proyecto de ley que tiene como objetivo prohibir los denominados Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, Ecosieg, comúnmente conocidos como "terapias de conversión". 

Estas prácticas, dirigidas a individuos de la comunidad LGBTIQ +, pretenden modificar sus orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género.

El proyecto recibió una amplia aceptación en la Cámara, con 97 votos a favor y 18 en contra. Según Alejandro García, representante a la Cámara por Risaralda, aún se requieren dos debates adicionales en el Senado de la República para que la iniciativa sea completamente ratificada.

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Juan Carlos Losada, otro representante, calificó a estas terapias como actos de tortura que buscan negar la esencia de las personas. Por su parte, Daniel Carvalho, representante por Antioquia, destacó que en Colombia, uno de cada cinco individuos homosexuales ha experimentado algún tipo de estas terapias, incluyendo métodos extremos como electrochoques y exorcismos. Carvalho enfatizó que estos procedimientos provocan efectos psicológicos adversos, como depresión, ansiedad y, en casos extremos, suicidio.

El proyecto de ley, apodado "Inconvertibles", aspira a garantizar que la comunidad LGBTIQ + en Colombia tenga acceso a servicios de salud respetuosos y libres de discriminación. 

Carvalho, en una declaración en la plataforma X, afirmó que la libertad y el derecho a la identidad y al amor son fundamentales y no deben ser objeto de juicio o violencia.

Sin embargo, el proyecto ha encontrado oposición entre algunos legisladores. Por ejemplo, Miguel Polo Polo argumenta que la iniciativa podría infringir las libertades individuales, incluyendo las de aquellos en la comunidad LGBTIQ + que deseen buscar ayuda por su cuenta. 

También expresó preocupaciones sobre las libertades profesionales en el ámbito de la salud y las libertades religiosas, sugiriendo que el proyecto podría llevar a acusaciones injustificadas y al cierre de instituciones religiosas y de salud.

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