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Tras protestas consejo de seguridad en vía Ciénaga - Barranquilla

Decisiones luego de reunión entre autoridades y gobierno.

Vía Ciénaga
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 26/03/2024 - 21:24 Créditos: Captura de pantalla

La Gobernación del Magdalena ha tomado la iniciativa de liderar un Comité de Seguridad en respuesta a las múltiples denuncias de la comunidad afectada por los recurrentes cierres de la vía que conecta al municipio de Ciénaga con la ciudad de Barranquilla. 

Este corredor vial, vital para la movilidad y el comercio de la región, ha sido escenario de bloqueos que han generado una creciente inquietud entre los habitantes y usuarios habituales de esta ruta.

La reunión, llevada a cabo en el emblemático Salón Bolívar de la sede gubernamental, contó con la participación de autoridades locales y regionales, incluyendo representantes de la Procuraduría Regional, la Fiscalía Seccional, las Fuerzas Armadas y varios alcaldes municipales. 

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Durante el encuentro, se abordaron diversas problemáticas que afectan directamente a la población, tales como la interrupción en el suministro de agua potable y energía eléctrica, situaciones que se han visto agravadas por los mencionados cierres.

En un llamado a la acción, el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, instó a los ciudadanos perjudicados a denunciar cualquier anomalía o extorsión experimentada en lo que denominó "trochas", caminos alternos utilizados durante los bloqueos. 

Como medida concreta, anunció la implementación de una línea telefónica en cada municipio, destinada a activarse ante cualquier señal de inconformidad o denuncia por parte de los afectados.

El Comité también puso de relieve la preocupación por posibles actos delictivos vinculados a los bloqueos, como lo son los cobros por extorsión en los denominados 'retenes ilegales', un tema que la Procuraduría Regional ha señalado como una potencial fuente de criminalidad que subyace en la crisis actual.

A pesar de reconocer el derecho a la protesta, las autoridades recalcaron la importancia de realizarla dentro de un marco que garantice la seguridad y tranquilidad públicas. 

Este enfoque busca equilibrar la legítima expresión de descontento con la necesidad de mantener el orden y la libre circulación.

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