Sancionan a tres exfuncionarios de la Junta de Calificación de Invalidez

La Procuraduría General de la Nación ha tomado medidas drásticas contra la corrupción en el sistema de seguridad social, evidenciadas en la decisión de destituir e inhabilitar por un periodo de 12 años a tres exmiembros de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar. 

Esta junta, que opera bajo la supervisión del ministerio del Trabajo, es una entidad crucial en la evaluación y calificación de casos de invalidez en la región.

El caso, que se ha desarrollado entre los años 2016 y 2018, revela una serie de actividades fraudulentas por parte de Yamile de Jesús Pérez Domínguez y Carlos Arturo Montero Araújo, quienes se apropiaron indebidamente de más de $233 millones de los fondos destinados a la junta. 

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Esta suma, que estaba depositada en la cuenta bancaria oficial de la entidad, fue desviada para beneficio personal de los implicados, constituyendo un grave acto de corrupción y un abuso de la confianza pública.

Además, otro miembro principal de la junta, Eduardo Urbano Marrugo Castellón, fue hallado culpable de solicitar y recibir pagos ilegales de individuos buscando obtener certificados de invalidez falsos. Estos certificados se usaban para reclamar pensiones de manera ilegal de Colpensiones y otros fondos.

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