Procuraduría se compromete a vigilar recursos de regalías para comunidades indígenas

La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró al final de la reunión sostenida con los integrantes de la Instancia de Decisión de Pueblos y Comunidades Indígenas frente al Sistema General de Regalías, que la entidad ejercerá una vigilancia estricta frente a cómo los alcaldes y gobernadores del país disponen del porcentaje de estos recursos que la ley estipula para comunidades indígenas en todo el país.

“Frente a la coyuntura política ejerceremos vigilancia continua sobre los costos, la ejecución y la verdadera necesidad que pretende satisfacer cada proyecto. Queremos corroborar estos temas en la práctica, yendo a terreno y viendo cómo es que lo van a hacer”, aseguró la Procuradora.

Este anuncio lo hizo tras conocer las inconformidades manifestadas por estas comunidades frente al presunto “amiguismo” y la falta de transparencia con que se han distribuido estos recursos por parte de los gobernantes de turno.

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La jefe del Ministerio Público también enfatizó en la importancia de priorizar y buscar más recursos para los proyectos con enfoque diferencial que ordena la Constitución, destinados a las comunidades indígenas, con el fin de lograr que estas obras se orienten, desde sus etapas iniciales, en suplir las necesidades reales de estas, para lo cual resulta fundamental cumplir con los procesos de consulta previa.

Finalmente, la Procuradora anunció que solicitará a la Comisión Rectora del Sistema y al Departamento Nacional de Planeación, gestionar los recursos suficientes para garantizar que esté importante órgano de decisión pueda cumplir con sus funciones en óptimas condiciones tecnológicas y de conectividad.

Actualmente, el Sistema General de Regalías ha asignado $440.000 millones para proyectos de inversión para pueblos y comunidades indígenas. Según el Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas, para la Instancia Indígena, se han aprobado 14 proyectos de inversión $90.000 millones, quedando un saldo de $350.000 millones (80%). Las aprobaciones se concentran en nueve departamentos.

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