ONIC denuncia impunidad para más 58 mil indígenas víctimas del conflicto armado en el 2023

El Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, denuncia los graves hechos de violencia hacia los pueblos indígenas, que sumado a la impunidad judicial llega al 90% de los casos, afecta a preservación y vida de las personas pertenecientes a las comunidades Wounaan, Nasa, Awá, Barí, Emberá, Wayúu y Yanacona, entre otras.

“El Movimiento Indígena de Colombia, apoya el proyecto de Paz Total impulsado por el Gobierno Nacional, sin embargo, los constantes actos violentos que atentan contra la dignidad y la vida de los pueblos indígenas, nos hacen alzar voz y exigir ser parte de la ruta y los diálogos que se den entorno a las negociaciones para fin del conflicto armado”, aseguró Gerardo Jumi, Consejero Secretario General de la ONIC.

Cabe mencionar que, de acuerdo a las cifras del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONIC, durante el 2023 se registraron 58.726 víctimas indígenas, principalmente por violencias colectivas como confinamientos, hostigamiento, desplazamientos y falta de atención humanitaria.

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A su vez, los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas fueron Ejército de Liberación Nacional – ELN con 42.700 víctimas; la Fuerza Pública con 6.551; Disidencias de las antiguas FARC-EP con 3.448 y se han presentado 6.027 casos aún sin autor identificado. La mayoría de los victimarios actúan en alianza con organizaciones de crimen organizado nacional y trasnacional, generalmente vinculadas a actividades ilícitas como el narcotráfico, prestamos gota a gota, minería ilegal, contrabando, robo de vehículos, insumos y maquinarias, así como de trata de personas, extorsión, abigeato y secuestro.

Ante esta situación, este 14 de febrero de 2024, el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC, entregará al Centro Nacional de Memoria Histórica, el informe Final 2023 que evidencia cómo grupos al margen de la ley y actores del Estado vulneran los derechos de las personas pertenecientes a las poblaciones indígenas.

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