No cesa violencia contra población LGBTIQ+ en Colombia, 394 casos en 2022 y 40 a marzo de este año

En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, la Defensoría del Pueblo realizó una audiencia defensorial dirigida por primera vez a la población con Orientación Sexual e Identidad de Género Diversas (OSIGD), con el fin de visibilizar las barreras a las que se ve enfrentada para tener acceso a sus derechos y avanzar en su real garantía.  

En la audiencia, adelantada en Barranquilla, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, socializó el informe ‘Una Radiografía del Prejuicio: Informe Anual 2022 de Derechos Humanos de personas OSIGD – LGBTI y Balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia’, documento que da cuenta, entre otros aspectos claves, del panorama de violencia contra esta población. 

“Los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas OSIGD los encontramos de manera lamentable en las familias, las escuelas, las comunidades, la sociedad y el Estado. Peor aún, se han acentuado a lo largo del tiempo, lo que ha generado una limitación de sus derechos”, expresó Carlos Camargo Assis, en comunicado de prensa.

Entre enero y marzo de este año, la Defensoría del Pueblo acompañó 40 casos de violencia por prejuicio, 16 de ellos corresponden a mujeres transgénero; tres, a hombres transgénero; 12, a hombres gais, de los cuales tres se identificaron con identidad no binaria; siete, a mujeres lesbianas, y dos, a personas intersexuales. 

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Carlos Camargo, Defensor del Pueblo

“Condenamos todos los actos de discriminación y violencia por prejuicio en Colombia, los cuales constituyen una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, enfatizó Carlos Camargo Assis. 

Durante el 2022, señala el informe, la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio, acompañados a través de la acción de las Duplas de Género adscritas la Delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género. De ese total fue necesario realizar 101 seguimientos institucionales para el restablecimiento de derechos de la población OSIGD – LGBTI.
 
De los 394 casos, 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales. Las principales violencias registradas fueron psicológica, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y fueron acompañados 34 casos de personas migrantes.
 
En razón al ejercicio de liderazgo y defensa de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo activó rutas de protección en 31 casos de violencia. 

Así mismo, acompañó 14 hechos de violencia en ámbitos de salud, cinco casos en ámbitos de educación, 13 casos de discriminación y prejuicio en ambientes laborales, 17 casos de violencia policial, 47 casos de violencia y discriminación en contextos de prostitución y, en centros penitenciarios y carcelarios del país, asistió 44 casos.
 
“A través del análisis de la información recolectada pudimos concluir la escasa respuesta institucional frente a estos actos de violencia por prejuicio, así como la falta de contratación de equipos institucionales y profesionales especializados enfocados en la atención de los derechos de esta población, la falta de sistemas de información sensibles al género y la escasa implementación de la política pública por parte de las entidades nacionales y territoriales. Esto ha generado un escenario de mayor vulnerabilidad de derechos de las personas OSIGD y LGBTI”, aseguró el Defensor del Pueblo.*

En el informe son expuestas varias recomendaciones a diversas entidades, con el fin de implementar criterios y enfoques diferenciales en los registros de información estatal para la sistematización y visibilización de casos de violencia por prejuicio, su participación en los planes de acción para la garantía de sus derechos y la implementación de políticas públicas a su favor. 

Desde la Defensoría del Pueblo se continuará haciendo acompañamiento e incidencia para que sea fortalecida la interlocución de esta población con las entidades nacionales y territoriales. “Es necesario que el Gobierno Nacional desarrolle acciones concretas para la implementación de políticas públicas OSIGD-LGBTI participativas y garantías para la prevención, atención de la violencia por prejuicio, así como investigación, protección y justicia para esta población. El reconocimiento y la protección de las diversidades son un presupuesto básico para la construcción de una sociedad más justa y en paz”, puntualizó Carlos Camargo Assis.

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