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La Mojana: requieren acciones para proteger a medio millón de habitantes por invierno
Fenómeno climático tiene a habitantes de la región en la desprotección e indolencia del gobierno.
La Defensoría del Pueblo, responsable de la salvaguarda de los derechos humanos en el territorio nacional, con la radicación de un memorial de impulso procesal, le solicitó al Tribunal de Cundinamarca pronunciarse de fondo sobre el caso de La Mojana.
“Lo que buscamos como institución garante de los derechos es que el Tribunal acelere la toma de decisiones, máxime que hace cuatro meses interpusimos una acción popular para que los derechos e intereses colectivos de unos 500.000 habitantes de esa subregión del norte del país sean protegidos”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El recurso constitucional, dirigido contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Fondo de Adaptación, fue admitido por el Tribunal.
La Mojana, que se circunscribe a 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba, se vio afectada en agosto del 2021 por el rompimiento del dique conocido como ‘Caregato’, en San Jacinto del Cauca (Bolívar).
Las inundaciones, desde entonces, han embestido los medios de subsistencia de los campesinos, propios de las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería; las viviendas de los moradores también han resultado averiadas, incluso hay registro de núcleos familiares que debieron salir de la subregión, luego de perderlo todo.
"La situación de las comunidades de La Mojana es crítica, con graves afectaciones a sus derechos humanos, tales como los derechos a la vida, salud, alimentación y vivienda. Resulta imperativo implementar medidas integrales para proteger a los afectados", declaró Carlos Camargo Assis.
Las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo son urgentes e indispensables para garantizar los derechos de las, aproximadamente, 40.000 familias perjudicadas.
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