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Investigan presunto detrimento patrimonial en Medellín
La indagación es contra la Secretaría de Movilidad por un contrato de venta de chatarras. Alcaldía rechaza la denuncia.
La Personería de Medellín dio apertura a una indagación contra la Secretaría de Movilidad de la ciudad por presunto detrimento patrimonial tras una subasta que supuestamente vendió vehículos convertidos en chatarra a un precio menor al que se consigue en el mercado.
Según el órgano de control, el proceso se inició a través de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria. El objetivo: establecer si se incurrió en alguna falta dentro de la entidad. En caso de que se confirme la actuación, se iniciará la apertura formal de investigación.
🚨¡Alerta de desfalco!🚨
— Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) May 20, 2022
La @AlcaldiadeMed estaría perdiendo alrededor de 33 mil millones en beneficio del Zar de la chatarra, un contratista cuestionado por corrupción.
Lo peor es que @QuinteroCalle sabía y no hizo nada para evitarlo. pic.twitter.com/fPmCcTYhZr
Desde la Personería de Medellín se explicó que
La razón concreta está relacionada con la presunta venta de chatarra a un precio menor al que se consigue normalmente en el mercado. Según la publicación, más de 50.000 vehículos abandonados en el lote de la Secretaría de Movilidad fueron supuestamente vendidos en un 90,2 % menos del precio normal
Todo inició tras una denuncia de El Colombiano, donde se asegura que la entidad habría vendido estos vehículos a $98 el kilo frente al valor comercial que superaba los $1,000. En la subasta participó la Unión Temporal RYM, conformada por Recicladora Naranjo y HAQ Steels PVT S.A.S.
La denuncia fue presentada por el concejal del Partido Verde, Daniel Duque, quien señaló que con el propósito de que no fuera una subasta plural, tal como lo recogió el medio El Espectador, “la Secretaría de Movilidad creó unos requisitos a la medida de UT RYM. En estos exigen una Prensa Cizalla de Gancho Móvil Ampliroll, innecesaria para el proceso".
Por su parte, desde la Alcaldía de Medellín se rechazaron las denuncias y se aseguró que no era un caso de detrimento patrimonial. Pues, se evitaba la contratación de un predio nuevo que representaría un costo de $200 millones mensuales, lo que representarían $2,400 millones al año, con lo que se estaría ahorrando $5.000 millones en estos
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