Gobierno deberá reintegrar a usuarios los $1.000 que se estaban cobrando en recibo de energía para La Guajira

La reciente decisión judicial que anula un mandato presidencial enfocado en la financiación de soluciones para la crisis en La Guajira, ha marcado un precedente importante en la legislación colombiana. 

El fallo de la Sala Plena de la Corte Constitucional, el cual invalida el Decreto Legislativo 1276 fechado el 31 de julio de 2023, resalta la necesidad de adherirse a los principios constitucionales incluso en circunstancias de emergencia. 

Este decreto, que buscaba asegurar la prestación del servicio eléctrico y la supervivencia de los habitantes mediante la transición energética en respuesta a la crisis humanitaria y a la situación de inconstitucionalidad en La Guajira, ha sido revocado por la imposición de un cargo adicional en las facturas de electricidad para estratos altos y usuarios no regulados. 

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El veredicto obliga al ministerio de Minas y Energía, gestor del FAZNI, a reembolsar los fondos recaudados a través de las empresas de servicio eléctrico. 

Además, cabe señalar dos aspectos críticos: la nulidad del decreto se deriva de la inconstitucionalidad de la norma principal de la emergencia económica y social en La Guajira, y la invalidación de otros tres decretos relacionados con la emergencia, que incluyen la transición energética, la cooperación con España y la regulación del agua y saneamiento básico. 

Este acontecimiento recalca la importancia de la supervisión judicial en la creación de políticas públicas y la protección de los derechos constitucionales en Colombia.

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