Fiscalía incauta 23 bienes a directivos y contratistas de gobierno de exalcalde de Medellín, Daniel Quintero

La Fiscalía General de la Nación llevó a cabo un operativo de incautación de propiedades a exfuncionarios y excontratistas vinculados a la administración de Daniel Quintero exalcalde de Medellín en el escándalo del Parque de las Aguas. 

La operación, realizada el viernes, resultó en la confiscación de 23 bienes, que incluyen inmuebles tanto rurales como urbanos, vehículos y participaciones en sociedades. Estos bienes, ubicados en localidades como Medellín, Girardota, Copacabana, Marinilla y Urrao, están ahora bajo un proceso de extinción de dominio.

Entre los exgerentes de Metroparques implicados se encuentran Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, quienes enfrentan acusaciones penales por supuestamente desviar fondos públicos mediante la firma de varios contratos destinados al mantenimiento del Parque de las Aguas.

Además, la Fiscalía también se apoderó de 21 propiedades adicionales pertenecientes a exfuncionarios del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (Indeportes), quienes ya han sido condenados por actos de corrupción. 

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En el caso del Parque de las Aguas, la investigación penal sigue en curso, con cargos imputados que incluyen contratación sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, asociación para delinquir, peculado por apropiación y uso de documentos falsos.

Se identificaron irregularidades originadas en al menos tres convenios interadministrativos entre el Amva y Metroparques, que derivaron en contratos por un valor de $4.500 millones asignados directamente a tres empresas, también implicadas en el caso. 

Estas compañías, identificadas como Comercializadora Jpino S.A.S., 1 Soluciones S.A.S., y Estructuras Zafiro S.A.S., aparentemente tenían conexiones entre sí y presentaban documentos cruzados para certificar experiencia contractual de manera mutua.

Los contratos en cuestión habrían incluido sobrecostos en insumos como cloro y reflectores, costos adicionales que según la Fiscalía, fueron avalados por Liévano y Domínguez en su capacidad como gerentes de la entidad, negando así a la comunidad el acceso y disfrute adecuado del Parque de las Aguas.

La Fiscalía sostiene que estas acciones no solo representan una malversación de fondos públicos, sino también una denegación del derecho al uso de un espacio público por parte de los ciudadanos.

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