Fiscalía imputa cargos a exgobernador de Amazonas por irregularidades en contratos

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, al exgobernador de Amazonas, Carlos Arturo Rodríguez Celis, como presunto responsable de varias irregularidades en el trámite y contratación de un proyecto de generación alternativa de energía.

En marzo del 2015, el entonces mandatario acudió ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Centro – Sur para que la iniciativa fuera aprobada y poder cubrir su ejecución con recursos del Sistema General de Regalías.

No obstante, desconoció varios requisitos esenciales para lograr la aprobación de la iniciativa. Por ejemplo, la propuesta no estaba contenida ni soportada presupuestalmente en el Plan de Desarrollo de Amazonas 2012 – 2015, como lo exige la ley; ni tenía el respaldo técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (ENAM), que era la entidad concesionaria encargada de la generación y prestación del servicio de energía en el departamento.

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Por tal motivo, se inició una investigación y el material de prueba recolectado da cuenta que para subsanar estas anomalías, la Gobernación presentó dos certificaciones: una con información falsa que justificaba la presencia del proyecto en el plan de desarrollo sin siquiera existir mención alguna, y otra suscrita por una empresa que tuvo a su cargo el suministro de energía, antes que ENAM, y que no podía certificar ni dar viabilidad técnica al proyecto.

Se determinó que los funcionarios del OCAD fueron inducidos a error y autorizaron el plan de inversión de generación alternativa de energía. Posteriormente, el Ministerio de Minas y Energía y ENAM alertaron al exgobernador de los riesgos de continuar con la licitación del proceso contractual, pero este hizo caso omiso y celebró el contrato No. 955 del 21 de septiembre de 2015, con el objeto de desarrollar soluciones energéticas híbridas para el abastecimiento de energía eléctrica, y su contrato de interventoría 957 de 21 de septiembre de 2015, por un valor superior a $26.869 millones. 

Finalmente, se constató que las poblaciones que resultarían beneficiadas, ya tenía el servicio de energía y que la finalidad prevista en el contrato de obra no se cumplió. 

Por estas razones, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Rodríguez Celis los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal. Los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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