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Dos exalcaldes del Atlántico fueron enviados a prisión por caso de corrupción

Osvaldo Santana González y Teodomiro Ariza Medina, quienes fueron alcaldes de Santa Lucía, fueron condenados a más de 20 años en prisión por apropiarse de $285 millones.

Esposas 12
Por Laura Cortés Lamilla | Sáb, 18/02/2023 - 12:12 Créditos: Getty Images

Ante la contundencia de las pruebas presentadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los exalcaldes del municipio de Santa Lucía, Atlántico, fueron condenados a pagar más de 20 años en prisión porparticipar en un entramado de corrupción que se apropió de $285 millones destinados a atender a los damnificados por la temporada de lluvias . 

De esta manera, Osvaldo Santana González recibió una condena de 26 años y 10 meses de prisión; y Teodomiro Ariza Medina tendrá que pagar 25 años y 10 meses en la cárcel. Así mismo,  el exsecretario de Planeación de Santa Lucía, Alexander Cortés Polo, recibió la misma condena de Ariza Medina y Reiner Vicente Ravelo Brechero, tendrá que pagar nueve años en prisión. 

Los hechos de corrupción ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2011, cuando la fuerte temporada de lluvias  afectó a varios municipios de Atlántico, entre esos, Santa Lucía, por lo que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastre (UNGRD) destinó auxilios económicos equivalentes a $1'500.000 para cada familia damnificada.

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Se estimaba que a Santa Lucía le correspondieron $379 millones para asistir a 253 grupos familiares. Los dineros debían entregarse para apoyar la reconstrucción de viviendas, adecuación de terreros para la siembra y adquisición de elementos de primera necesidad.

Sin embargo, la Fiscalía estableció que el exalcalde Santana González pidió al señor Ravelo Brachero realizar el censo de damnificados sin ser funcionario de la alcaldía municipal. El ente acusador constató en los registros que 63 familias realmente eran damnificadas y recibieron el subsidio pero que habían otras 190 que no vivían en el municipio o residían en Venezuela, por lo que los dineros nunca fueron desembolsados.

Por lo tanto, $285 millones quedaron en manos de los funcionarios vinculados. En ese sentido, fueron declarados responsables por delitos de falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público, peculado por apropiación y prevaricato por acción.

 

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