Desalojo en El Poblado: justicia pone fin a ocupación irregular de mansión del excontralor Zuluaga

Tras varios meses de ocupación irregular, la justicia finalmente ha alcanzado la puerta de la mansión de Sergio Zuluaga, excontralor de Antioquia, situada en el codiciado sector de El Poblado. 

Gracias a la acción coordinada de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se ha culminado la diligencia de desalojo que se había detenido por una medida cautelar interpuesta por la esposa del exfuncionario.

Zuluaga, quien disfrutaba de las comodidades de una lujosa vivienda en la unidad residencial Olivares, cerca de la Transversal Superior, ha ocupado de forma irregular esta propiedad por más de medio año. Sin embargo, una medida cautelar presentada por Laura Botero, su esposa, interrumpió inicialmente el proceso de desalojo programado para inicios de junio.

La acción de tutela de Botero alegaba la vulneración de los derechos de sus hijas adolescentes en el desalojo. Este reclamo pospuso la acción durante casi tres semanas. No obstante, la justicia evaluó que las jóvenes disponían de suficiente oferta institucional para manejar la situación, anulando así el efecto de la tutela y reactivando el proceso de desalojo.

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Inmueble ubicado en Medellín, sector 'Space' / Twitter @LuisUrquijo

Según confirmó Mauricio Urquijo, director de la seccional de Occidente de la SAE, el desalojo tuvo lugar recientemente. Para asegurar un procedimiento limpio y transparente, se contó con la presencia de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personería de Medellín, la Alcaldía de Medellín y la Policía Metropolitana.

Se reportó que Zuluaga estaba presente durante la diligencia. La mansión, en buen estado de conservación, se encontraba vacía, aunque hace tan solo 20 días albergaba los enseres de la familia Zuluaga Botero.

Es importante recordar que Zuluaga fue destituido de su cargo de contralor por la Procuraduría, decisión que se confirmó en 2021. Actualmente, el exfuncionario está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos malos manejos en su cargo. Según las acusaciones, Zuluaga habría obtenido ganancias ilícitas desviando investigaciones.

Las presuntas prácticas fraudulentas de Zuluaga, que incluyen la falsificación de documentos, habrían permitido la adquisición de la mansión que ahora le ha sido confiscada por la SAE. Tras el desalojo, su familia ya no reside en la propiedad que habían ocupado hasta hace poco más de dos semanas.

En un informe publicado a mediados de 2019, la Fiscalía identificó al ex contralor como líder de una presunta trama de corrupción supuestamente operada desde la Contraloría de Antioquia. 

Según la acusación, la red corrupta se centraba en la alteración de los resultados de las auditorías realizadas por la entidad a cambio de sobornos, que incluían dinero, contratos, puestos en organizaciones locales y bienes tanto inmuebles como muebles.

Se reportó que los activos incautados en la operación ascendían a aproximadamente $13.000 millones. Entre estos, uno de los más destacados fue una opulenta residencia de unos 1.500 metros cuadrados situada en una exclusiva zona de El Poblado, adyacente al terreno donde una vez se levantó el ya demolido edificio Space. 

Esta propiedad, evaluada en alrededor de $3.000 millones, está equipada con una piscina, un doble aparcamiento, un gimnasio, un patio y una decoración de alto nivel, y se cree que pertenece al contralor Sergio Zuluaga.

Los concejales expresaron su desconcierto sobre cómo Zuluaga había logrado adquirir esta y otras propiedades con un sueldo que, por resolución, ascendía en ese momento a $14.7 millones mensuales. Recordaron que cuando fue elegido en 2016, Zuluaga residía en Sabaneta en una propiedad valorada en $200 millones.

El concejal Guerra denunció que hubo "auditorías manipuladas" en Indeportes, estimando pérdidas superiores a los $50.000 millones debido a acuerdos firmados entre Indeportes y Fedelian. 

Según Guerra, solo en un convenio se establecieron pérdidas por $2.374 millones. Guerra también instó a la Fiscalía a investigar a Zuluaga por enriquecimiento ilícito, ya que considera que el patrimonio del contralor ha aumentado en unos $6.000 millones en los últimos dos años.

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