Denuncian irregularidades en 220 contratos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Astrid Eliana Cáceres, directora del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), ha hecho públicas graves irregularidades detectadas en la contratación de la entidad. En una auditoría forense realizada en colaboración con la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, se identificaron anomalías en 220 contratos del ICBF.

Según Cáceres, estos contratos, gestionados por 59 operadores, presentaban similitudes preocupantes: un mismo representante legal, dirección de domicilio, características en el formato de constitución, fecha de constitución y errores en el objeto y alcance. Además, se encontró evidencia de que se registraba un mayor número de empleados en las nóminas reportadas al ICBF en comparación con los colaboradores realmente pagados.

Una de las revelaciones más alarmantes fue el hallazgo de presunta documentación falsificada utilizada para respaldar la experiencia de los operadores que trabajan en programas dirigidos a la primera infancia. Cáceres destacó que algunos de los operadores investigados también estuvieron implicados en casos de muertes de niños asociadas a la desnutrición, lo que llevó al ICBF a dejar de contratar con estas instituciones y a promover un mayor control por parte de la veeduría ciudadana.

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Además de las irregularidades en la contratación, Cáceres señaló que se registraron incumplimientos en los contratos respecto al número de niños atendidos en comparación con los cupos otorgados y pagados. También se detectaron casos en los que proyectos que debían ejecutarse en un lapso específico se completaron en un tiempo menor, evitando así el pago a los proveedores, aunque se cobraba al ICBF como si se hubieran cumplido en el plazo establecido.

La directora del ICBF subrayó que algunas organizaciones o fundaciones con contratos para la atención de la niñez en Colombia mantenían vínculos directos con clanes políticos, lo que agrava aún más la situación. Estas revelaciones plantean serias preocupaciones sobre la transparencia y la gestión de recursos en una institución crucial para el bienestar de la infancia colombiana.

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