Corrupción en el Caquetá en negocio por $14.133 millones para mitigar efectos del invierno

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo, y el secretario de Infraestructura, Jairo Alberto Gómez Roa, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de un proyecto, por $14.133 millones del Sistema general de  Regalías, para mitigar los daños causados por el desbordamiento de la quebrada La Perdiz, que atraviesa la ciudad de Florencia, durante la ola invernal de 2021 y evitar así nuevas inundaciones. 
 
De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, las presuntas falencias habrían comenzado desde la etapa precontractual, cuando se presentaron y aprobaron diseños que no tuvieron en cuenta el tipo de suelo donde se construirían las obras; lo que obligó a cambiar posteriormente las características de la cimentación del muro de contención necesario para encausar la quebrada.

Estas fallas causaron demoras y obligaron a modificar el presupuesto en medio de la emergencia invernal, cuando la prioridad era mitigar rápidamente el riesgo de nuevas inundaciones. 

Lo más grave es que, por cuenta de estos cambios, la obra fue entregada y recibida a satisfacción por la Gobernación, a pesar de que la plata solo alcanzó para construir una parte del muro; los metros restantes se completaron con una estructura de tierra apisonada, conocida como jarillón, que no ofrece la solidez necesaria para contener las aguas en caso de una nueva creciente. Esto encendió las alarmas de la Procuraduría para iniciar acciones disciplinarias contra los presuntos responsables. 

Los cargos endilgados a los funcionarios tienen que ver con faltar a su deber al aprobar un proyecto de inversión sin los requisitos técnicos adecuados, desconociendo los principios de eficacia economía y celeridad de la función administrativa, además de no haber vigilado adecuadamente la ejecución del contrato.  

Las faltas fueron calificadas provisionalmente como graves a título de culpa grave para el gobernador y grave a título de dolo para el secretario. 

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