El informe fue solicitado al gobernador del Archipiélago de San Andrés y al alcalde de Providencia y Santa Catalina. 

El Ministerio Público identificó que en el departamento entre 2019 y 2020 fueron suscritos 7.366 contratos, de los cuales el 94,12% correspondieron a la alcaldía y la gobernación. Lo que despertó una alerta considerando que solo en la isla de Providencia habitan 6.000 personas.

La Procuraduría también requirió información sobre las acciones adelantadas frente a las cargas de trabajo y la ampliación de la planta de personal de las dos entidades administrativas