La denuncia es un hecho tras las 42 páginas que presentó el senador Cepeda donde expresa el por qué, el exsenador Álvaro Uribe habría cometido delitos, al alentar a los miembros de la fuerza pública para que hagan uso de las armas y repriman las movilizaciones que se han mantenido y extendido por el territorio nacional desde el 28 de abril hasta la fecha.
Según la denuncia del senador, el llamado público de Uribe no solamente es abiertamente ilegal, por cuanto desconoce principios internacionales en materia de derechos humanos, sino también, disposiciones normativas adoptadas por el Gobierno Nacional, como el decreto 3 de 2021 expedido por el presidente Duque, en el que se prohibió expresamente que el personal uniformado de la Policía Nacional que intervenga en manifestaciones públicas haga uso de armas de fuego.
“Las publicaciones hechas por Álvaro Uribe Vélez más allá de denunciar actos de vandalismo y agresiones contra la fuerza pública y los ciudadanos, tienen el evidente propósito de generar en el imaginario público que las protestas son sinónimo de vandalismo y violencia, así como de estigmatizar al Comité Nacional del Paro, a las movilizaciones, a los manifestantes y a sectores de la ésfera política del país, en particular, a la izquierda, incluso, mediante afirmaciones calumniosas y falaces, hechas y/o réplicadas por Uribe Vélez”, afirma Cepeda.
Además, se señala que “Pocas horas después del mensaje de 30 de abril, publicado por Álvaro Uribe Vélez, distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso de armas de fuego por parte del personal de la Policía encargado de atender las movilizaciones sociales. En total, desde las 8:51 a.m. del 30 de abril hasta el día 4 de mayo, ocurrieron, por lo menos, 17 homicidios y 42 heridos por el impacto de armas de fuego. Cabe aclarar que el número puede ser mucho mayor, pues ni la Defensoría del Pueblo ni la Policía Nacional han emitido un informe con cifras consolidadas sobre heridos y fallecidos en el marco de las protestas sociales”.
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