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Gobierno Nacional radicó proyecto de Ley de sometimiento a la justicia

El texto señala que los grupos delincuenciales que se sometan y cumplan con lo exigido por el Estado podrán quedarse con más de $10.000 millones

Ministro Nestor Osuna
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mié, 15/03/2023 - 15:01 Créditos: Ministerio de Justicia

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, y del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el Senado el proyecto de Ley de sometimiento a la justicia ordinaria por parte de las bandas criminales.

El texto titulado "Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones", es la principal herramienta para hacer realidad la política de 'Paz Total' propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

La iniciativa de 27 páginas contiene una oferta ​por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan información sobre sus actos criminales y reparan a las víctimas, el Estado les otorgará un "tratamiento penal más benigno que el ordinario".

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Señala también que si esos grupos delincuenciales cumplen con las exigencias del Estado tendrán derecho a conservar el equivalente al 6% de su valor, con un tope máximo de 10.000 salarios mínimos, es decir, más de $11.000 millones.

"Este es un proyecto de sujeción a la justicia ordinaria, en el que tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados. Con la radicación de este proyecto el Gobierno le cumple a la sociedad con el propósito firme de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica", precisó el ministro Osuna.

También incluye la creación de un mecanismos de sujeción a la justicia mediante la aplicación de procedimientos de investigación y judicialización y garantiza la no repetición. 

El proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis a ocho años, de acuerdo al grado de responsabilidad. 

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