Francia Márquez se pronuncia tras decisión que tumbó el ministerio de la Igualdad

La Corte Constitucional declaró este miércoles la inconstitucionalidad de la creación del ministerio de la Igualdad liderado por la vicepresidenta de la República, Francia Márquez.

Desde Manizales, durante un evento regional denominado 'Gobierno con los Barrios Populares', la Vicepresidenta y ministra de Igualdad afirmó que respeta la decisión del Alto Tribunal sobre el proceso legislativo de la cartera mencionada, enfatizando su continuo compromiso con la labor en favor de la población y la transformación del país.

La vicepresidenta se mostró respetuosa de la decisión de la Corte, recalcando que la misma Constitución establece que los gobiernos deben trabajar por desarrollar el artículo 13 como un valor, un principio y una responsabilidad del Estado, en cuanto a garantizar el derecho a la igualdad en el país.

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"Para esas mujeres y para las poblaciones más vulnerables, la misma Corte Constitucional ha sacado innumerables sentencias en las que ha declarado un estado de cosas inconstitucional y ha dicho que ello obedece a la permanencia de una estructura de Estado que no resuelve las inequidades y las desigualdades que viven la mayoría de los colombianos y colombianas", dijo Márquez.

Indicó que justo en atención a ese mandato constitucional fue que se creó el Ministerio de Igualdad y Equidad, una institución para atender a los sujetos de especial protección. "Vemos con gran preocupación que creamos una institución para dar respuestas a partir de políticas estratégicas, programas y proyectos, que van a llegar a los territorios marginados y excluidos, pero nos encontramos con esta situación", sostuvo.

"No habrá igualdad y equidad si no se garantizan los derechos de las mujeres. Trabajamos desde el Ministerio y trabajamos en articulación con todo el Gobierno Nacional para devolverle la dignidad al 52% de la población de este país, que son las mujeres", indicó Márquez.

Vale recordar que la Corte Constitucional se basó en la falta de un análisis de impacto fiscal durante el proceso legislativo en el Congreso de la República, lo cual constituye un vicio de procedimiento insubsanable según el Alto Tribunal.

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