Expresidente Juan Manuel Santos arremete contra constituyente de presidente Petro y acude a la ONU

El expresidente y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos decidió no hablar más si no actuar, frente a la justificación del gobierno Petro de una constituyente en el Acuerdo de Paz suscrito en su mandato. 

Días después de desmentir al presidente Gustavo Petro y al ex canciller Álvaro Leyva en el sentido que no es cierto que los Acuerdos de Paz de 2016 firmados con las FARC se hubiera establecido una constituyente, le remitió una carta a la Organización de Naciones Unidas, ONU llamando la atención de lo que sería un golpe a la Constitución de 1991.

Este es el texto completo de la carta: 

“Excelentísimo Señor
ANTONIO GUTERRES
Secretario General
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS - ONU
Nueva York, Estados Unidos

Estimado Secretario General:

Quisiera reiterar mis mejores deseos en el desarrollo de su gestión como Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, que ha cumplido un papel definitivo en la consolidación de la paz en Colombia.

El 29 de marzo de 2017, en mi condición de Jefe de Estado, le transmití el texto completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, suscrito entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias - Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá. 

También solicité que se diera bienvenida al nuevo Acuerdo y lo enviara al Consejo de Seguridad en el marco de la Resolución 2261 (2016) y de la resolución 2307 (2016), aprobadas por unanimidad en dicho Consejo, para que se generara un documento oficial que anexara a la resolución 2261 (2016) el texto completo del Acuerdo
Final. Agradezco que así haya ocurrido.

Al transmitirle el Acuerdo Final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del Acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe.

En lo que respecta a su incorporación y desarrollo, el Acuerdo Final lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución de Colombia, "fue ratificado por el Senado de Colombia el 29 de noviembre de 2016 y por la Cámara de Representantes el 30 de noviembre de 2016", como tuve ocasión de informárselo en la misma carta citada, en cumplimiento de lo acordado por las partes. Además, en aquellos aspectos cuya implementación exigía cambios constitucionales, se siguió el procedimiento establecido en la Constitución para la adopción de enmiendas en cumplimiento de lo acordado.

Ningún aparte del Acuerdo Final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollaron el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales, de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia, país que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional.

Destaco, por ejemplo, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada por una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 2017) adoptada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional. Estimo necesario referirme específicamente a este tema, porque el Acuerdo Final consideró esencial que, además de darles verdad a las víctimas, les fuera garantizado su derecho a la justicia, mediante la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros graves delitos expresamente enumerados. 

Nada en el Acuerdo Final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables.

Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del Acuerdo, así como la independencia de la JEP creada para evitar la impunidad, tratando de imponerle una manera de proceder mediante afirmaciones en el sentido de que "deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal", "deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistia" "en los términos previstos ... en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949"; "deberá tener presente la JEP el principio universal nulla poena sine lege", afirmaciones que he tomado de la carta que le remitió a usted el Presidente Gustavo Petro el
19 de octubre de 2023.

Adquiere entonces mayor importancia la decisión adoptada en 2021 por el Consejo de Seguridad de la ONU, según la Resolución 2574 (2021), de expandir el mandato de la Misión de Verificación para incluir la tarea de verificar el cumplimiento y aplicación efectiva de las sanciones que imponga la JEP y, así como lo anotó el Consejo de Seguridad en dicha Resolución, "hacer realidad los derechos de las víctimas y consolidar la paz".

Los expresidentes Felipe González de España y Pepe Mujica de Uruguay fueron designados por las partes como "notables verificadores", es decir garantes, del componente internacional de verificación.

Ambos están totalmente de acuerdo con el espíritu y el contenido de esta comunicación.

Le ruego comunicarle al Consejo de Seguridad de la ONU esta carta y reiterarle mis infinitos agradecimientos por el apoyo recibido a través de todos estos años. Como le he dicho tantas veces, sin ese apoyo la paz con las FARC no se hubiese firmado. En la reunión de julio se debe insistir -una vez más y ojalá con más contundencia- en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz.”

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