Defensor del Pueblo insta al gobierno a crear programas de apoyo para los jóvenes

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hace un llamado a la institucionalidad para estructurar un programa integral cuyo objetivo consista en generar oportunidades de educación y empleo digno a los jóvenes del país para evitar que se vinculen o reincidan en redes  que los instrumentalizan en la violencia o la criminalidad. 

Su propuesta radica en formar y generar vínculos institucionales y alternativas reales de trabajo en las regiones, de manera especial, en aquellas donde la falta de oportunidades, debido al contexto socioeconómico, no les deja otra alternativa a las nuevas generaciones que la de terminar siendo cooptados por los actores armados al margen de la ley.

Esta iniciativa debería favorecer, por ejemplo, a los jóvenes más pobres, a los Consejeros de Juventud o a quienes ejercen algún tipo de liderazgo en sus comunidades, a los jóvenes que están cumpliendo sanciones en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), como un verdadero incentivo a la legalidad y la convivencia pacífica.  

“En el caso de aquellos jóvenes que permanecen en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, un programa de esta naturaleza es una garantía de resocialización y de prevención de la reincidencia, pues con ello, apenas cumplan su sanción, que puedan retornar a la sociedad, pero con una capacidad y posibilidad verdadera y efectiva de obtener empleo”, aseguró Carlos Camargo Assis.

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Desde el año pasado el Defensor del Pueblo ha insistido en la importancia de fortalecer el Sistema Nacional de Juventudes (SNJ), que comprende instancias como los Consejos de Juventud y las Plataformas de Juventud. A través del SNJ se incentiva su participación en la toma de decisiones que los afectan, se fomenta la institucionalidad y se construye confianza. 

“Para esta iniciativa que proponemos, toda la institucionalidad del Estado deberá tomar en cuenta al Sistema Nacional de Juventud, construyendo desde lo que ya está construido. Con un programa como este se legitimará a los jóvenes ante la institucionalidad, y también se legitima a la institucionalidad ante los jóvenes; es decir, se construye confianza mutua, tan importante para llevar a cabo estos esfuerzos”, señaló el Defensor del Pueblo.

La estrategia, subrayó, requiere la articulación de todo el Estado: “Debe extenderse a las comunidades que han sido y continúan siendo vulneradas por la violencia urbana, como es el caso de Buenaventura, donde recientemente el Gobierno Nacional les hizo una propuesta a los jóvenes de ese distrito especial, marcado seriamente por profundas problemáticas sociales que terminan impulsándolos a formar parte de la ilegalidad”.

El programa debe estar enmarcado en una estrategia de prevención integral.  “Igualmente y no menos importante, que brinde alternativas y le haga frente a la deserción escolar; también necesitamos prevenir que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean tentados por los actores generadores de violencia en el país”, destacó el Defensor del Pueblo de los colombianos.

Con la expectativa de que este programa sea duradero, se contribuiría a  que sea mitigado el riesgo evidente de vulneraciones a los derechos de la población civil en los distintos territorios de la geografía nacional, incluido Buenaventura, donde persisten tres escenarios de riesgo: las estructuras que se están disputando el control territorial urbano, el conflicto en el Bajo Calima entre grupos armados y los enfrentamientos de distintos actores ilegales en zona de los consejos comunitarios que bordean la cuenca del río Yurumanguí.

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