Alcalde electo de Bucaramanga expresó su indignación por derogación de decreto antidrogas

El Gobierno Nacional emitió el decreto 2114 de 2023 el pasado 7 de diciembre, anulando el decreto 1844 de 2018 que autorizaba a la fuerza pública a vigilar el expendio y porte de drogas, así como prohibía la tenencia y comercialización de sustancias prohibidas.

La medida generó fuertes reacciones, especialmente del alcalde electo de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, quien catalogó el hecho de "inaudito e irresponsable". A través de sus redes sociales, Beltrán anunció su determinación de utilizar las facultades de la sentencia C-120 de 2023 de la Corte Constitucional para abordar el consumo y expendio de drogas en lugares públicos en Bucaramanga.

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En un video, el mandatario local criticó intensamente el nuevo decreto, afirmando que el presidente considera criminal la labor de la policía. Beltrán aseguró que como alcalde no permitirá la comercialización de drogas cerca de colegios, espacios públicos y parques.

#VIDEO | Alcalde electo en #Bucaramanga @soyjaimeandres rechazó el decreto, del presidente Gustavo Petro, que le quitaría las facultades a la Policía Nacional para incautar droga en espacios públicos. pic.twitter.com/l3RSU3QqzY

— Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) December 10, 2023

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas a través de su cuenta de X, aclarando que la decisión busca enfocarse en la lucha contra el narcotráfico y no contra el consumidor. Petro afirmó que, si la Constitución permite la dosis personal, la labor de la policía debería centrarse en perseguir a los grandes capos de la droga y los delitos que afectan a la ciudadanía.

Ojo, no se deje engañar por los desinformadores.

Lo único que ha hecho el gobierno es derogar la multa por porte de dosis personal porque así lo indicaron las cortes

Todo lo demás continua igual. La prohibición de consumo en lugares públicos lo debe establecer cada municipio.… pic.twitter.com/4KobWAZGDE

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023

La medida ha desencadenado un debate nacional, con diversos sectores políticos cuestionando la efectividad de la decisión y preocupados por la posible falta de herramientas para la fuerza pública en la lucha contra el consumo y tráfico de drogas. La controversia promete mantenerse en el foco de atención en los próximos días.

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