Advierten maniobra jurídica que podría frenar investigación por financiación de campaña ‘Petro Presidente’

La sorpresiva maniobra legal de la defensa del presidente Gustavo Petro, quien busca trasladar las investigaciones por presunta violación de topes de campaña del Consejo Nacional Electoral, CNE a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ha generado suspicacias.

Este movimiento legal, planteado en un contexto de crecientes escándalos de corrupción que salpican altos cargos del Gobierno y el Congreso, podría significar un cambio significativo en el proceso de rendición de cuentas.

La solicitud fue formalizada a través de una carta dirigida por Mauricio Pava, abogado del mandatario, al representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, quien se desempeña como investigador coordinador del triunvirato encargado de estos casos. 

La defensa argumenta que, según la Constitución colombiana, solo la Comisión de Acusación posee la competencia para investigar a los jefes de Estado, desafiando así la autoridad del CNE en este asunto.

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La petición específica del abogado Pava solicita que la Comisión de Acusación inste al CNE a archivar las actuaciones en curso por falta de competencia o que transfiera inmediatamente todos los procesos al Congreso, evitando cualquier acción que pudiera limitar los derechos civiles y políticos del presidente Petro.

Anticipando posibles contratiempos, la defensa también ha planteado que, en caso de disputa de competencias, el asunto debería ser escalado hasta la Corte Constitucional, lo que podría dilatar aún más el proceso de investigación. 

Este planteamiento ha sido recibido con escepticismo por fuentes dentro del CNE, quienes mantienen que la capacidad de investigar violaciones de topes y gastos de campaña ha sido explícitamente asignada al CNE por la ley, recordando investigaciones previas a figuras políticas como Juan Manuel Santos, Óscar Iván Zuluaga e Iván Duque.

Si bien tanto el CNE como la Comisión de Acusación son entidades con una fuerte influencia política, la composición actual de la Comisión ofrece a Petro una ventaja significativa. 

El triunvirato encargado de decidir el futuro de las investigaciones incluye figuras cercanas al Gobierno, y el organismo en conjunto muestra una mayoría de representantes alineados o afines al Ejecutivo, lo que podría influir en la decisión final sobre estos casos.

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