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Advierten líos con paramilitares en decisiones de Cancillería
Agencia Jurídica de Defensa del Estado hace evidentes nuevos señalamientos a la entidad
En un contexto de creciente atención hacia las actividades de la Cancillería colombiana, se han suscitado controversias relacionadas con la interacción del Ministerio de Relaciones Exteriores con exmiembros de grupos paramilitares.
Este escenario ha generado inquietudes, especialmente en lo referente a las implicaciones en términos de reparación a las víctimas del conflicto armado.
La situación se intensificó tras la salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, atribuida a desacuerdos con el canciller Álvaro Leyva, particularmente en relación con el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.
La gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido objeto de críticas no solo por parte de Zamora sino también por otras entidades estatales, como la Unidad para las Víctimas y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Estas instituciones expresan preocupación por la asunción de responsabilidades por parte del Ministerio que, a su juicio, exceden su competencia.
Zamora argumentó que los actos de reconocimiento y perdón dirigidos por el canciller Leyva a exparamilitares como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, conocido como Macaco, no se ajustan a los protocolos establecidos para tales gestos de reparación.
El evento de reconocimiento organizado en mayo de 2023 en Juan Frío, Norte de Santander, donde participaron diversos cuerpos diplomáticos y organizaciones internacionales, ha sido particularmente polémico. La ausencia de la Unidad para las Víctimas en dicho acto ha sido señalada como un factor de discordia, considerando su papel central en el proceso de reparación a las víctimas.
La participación en eventos públicos junto a individuos condenados por crímenes relacionados con el conflicto armado, como el llevado a cabo con alias Macaco en Bogotá, ha generado preocupaciones adicionales sobre las consecuencias legales y la adecuación de estas actividades.
Este panorama de tensiones se ve agravado por el debate en torno al contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons, que desembocó en la solicitud de renuncia de Zamora por parte del presidente Petro.
Según la exfuncionaria, la información proporcionada al presidente sobre este contrato fue insuficiente, y la licitación, que se declaró desierta, no cumplió con los criterios necesarios para aumentar la cantidad de oferentes, manteniendo los mismos pliegos. Esto, en opinión de Zamora, limita las posibilidades del Estado de ganar una eventual demanda por parte de la firma involucrada.
En conjunto, estos eventos reflejan una compleja dinámica entre diferentes entidades del Estado colombiano y plantean interrogantes sobre la adecuación de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto, en el marco de los esfuerzos de reconciliación nacional.
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