La OEA condena "intento de golpe" en Guatemala

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado el viernes condenando lo que denominó un "intento de golpe de estado" por parte de la Fiscalía de Guatemala. La situación se desató cuando fiscales del Ministerio Público guatemalteco declararon la necesidad de anular las elecciones presidenciales de agosto, en las cuales resultó ganador Bernardo Arévalo de León, argumentando irregularidades administrativas.

La fiscalía, a la cual Arévalo acusó previamente en septiembre de llevar a cabo un golpe de estado en su contra, sostuvo que las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas de pleno derecho, ya que no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.

En respuesta, el presidente electo, Bernardo Arévalo, catalogó el accionar del Ministerio Público como "ridículo" y acusó a la fiscal general, sancionada por Estados Unidos por fomentar la corrupción, de actuar de manera golpista. Arévalo, acompañado por autoridades indígenas en Guatemala, que han mantenido una resistencia desde octubre para preservar el voto, denunció el intento de anular las elecciones generales de 2023.

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A pesar de la determinación del Tribunal Supremo Electoral de que los resultados de las elecciones son inalterables, surge un choque de poderes en Guatemala. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, mencionó que solo una orden de la Corte Constitucional podría declarar nulas las elecciones. Este elemento agrega incertidumbre al panorama político guatemalteco.

En medio de este enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral, la Corte Constitucional podría desempeñar un papel clave. Aunque legalmente Bernardo Arévalo debería asumir su mandato el 14 de enero, la situación es incierta debido a las acciones del Ministerio Público y la incertidumbre generada por la cooptación en el sistema judicial guatemalteco.

A 37 días de la fecha programada para la asunción presidencial, la nación centroamericana se ve sumida en una nueva crisis política, donde la legalidad choca con las acciones del Ministerio Público y la incertidumbre sobre el papel que jugará la Corte Constitucional en el proceso electoral de 2023.

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