En el limbo elecciones libres en Venezuela

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha tomado una decisión de gran impacto político al suspender "los efectos" del resultado de la reciente primaria presidencial de la oposición. 

Esta acción se lleva a cabo a pesar de un acuerdo electoral previamente firmado con el gobierno, permitiendo a ambas partes seleccionar a su candidato siguiendo sus reglas internas.

Este fallo tiene el potencial de generar tensiones diplomáticas, particularmente con Estados Unidos, quien recientemente revisó ciertas sanciones como parte de un acuerdo electoral parcial alcanzado en Barbados. 

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha manifestado su disposición a restablecer sanciones si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no levanta las inhabilitaciones a candidatos de la oposición, libera a presos políticos y a estadounidenses detenidos antes de finales de noviembre.

El contexto legal que rodea esta decisión del máximo tribunal se desarrolla después de que el fiscal general de Venezuela anunciara una investigación sobre la Comisión de Primaria por supuestos delitos, como fraude, usurpación de funciones electorales y legitimación de capitales, entre otros.

La oposición, junto con la ganadora de las primarias, María Corina Machado, han enfatizado constantemente la transparencia y equidad del proceso electoral. Sin embargo, el gobierno ha alegado fraude desde la votación del 22 de octubre, que se llevó a cabo sin intervención estatal y atrajo a más de 2.3 millones de votantes, según los organizadores.

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Tanto la investigación en curso como la decisión del TSJ surgen a raíz de una solicitud presentada por José Brito, un diputado de la Asamblea Nacional, que está bajo control del oficialismo. Es relevante señalar que Brito no es parte de las organizaciones políticas que participaron en la elección de la oposición.

La suspensión de "todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primaria" es la medida tomada por el TSJ, según se dio a conocer en su página web. 

Además, la sala electoral del tribunal ha solicitado a la comisión de primaria presentar documentación relevante sobre el proceso, incluyendo la instalación de la comisión, las actas de las mesas de votación, los cuadernos electorales y las actas de escrutinio, entre otros registros.

Esta decisión también involucra a candidatos como María Corina Machado, a quien se le prohíbe ocupar cargos públicos, una decisión que la oposición considera ilegal. José Vicente Haro, abogado y profesor universitario, señaló que la sala electoral llegó a esta determinación tarde, ya que ocurrió después de la elección y que el recurso no debió ser admitido.

Tras el fallo del TSJ, Estados Unidos instó al presidente Maduro y su gobierno a cumplir sus compromisos con la oposición y advirtió que tomará medidas si estos no se cumplen, según un portavoz del Departamento de Estado.

El acuerdo electoral entre el Gobierno y la oposición, que establece que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el segundo semestre de 2024 y que ambas partes pueden seleccionar a sus candidatos según sus reglas internas, no ha levantado las prohibiciones sobre los opositores, incluyendo a María Corina Machado.

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