Millonaria multa contra Odebrecht por contrato "Ruta del Sol tramo 2"

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció una millonaria multa por $295 mil millones contra Odebrecht por violar el régimen de libre competencia en la adjudicación y ejecución del contrato "Ruta del Sol tramo 2".

La decisión se tomó tras probar el sistema anticompetitivo en el proyecto “RUTA DEL SOL TRAMO 2”, por lo que la SIC impuso sanciones a las empresas de ODEBRECHT en Colombia, a CORFICOLOMBIANA, EPISOL y la CONCESIONARIA, así como a 4 personas naturales por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado dichas conductas.

Dentro de la investigación se contó con la colaboración de GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES (entonces Viceministro de Transporte y Director Encargado del INCO y del INVIAS para la época de los hechos) como delator, quien confesó su participación y aportó información determinante sobre el sistema anticompetitivo.

De esta forma, la sanción fue para CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.; ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (conjuntamente ODEBRECHT); CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A. (CORFICOLOMBIANA); ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL S.A.S. (EPISOL); CONCESIONARIA RUTA DEL SOL S.A.S. EN LIQUIDACIÓN (CONCESIONARIA) y GABRIEL IGNACIO GARCÍA MORALES, por idear y ejecutar un sistema restrictivo de la libre competencia durante la adjudicación y ejecución del contrato “RUTA DEL SOL TRAMO 2” que, en una primera fase, incluyó un acuerdo anticompetitivo que les permitió garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la CONCESIONARIA.

Así mismo por una segunda fase que consistió en una dinámica de reembolsos y pagos irregulares, que se materializó través de la instrumentalización de diferentes contratos, lo que les permitió dividir los costos derivados del pago del acuerdo anticompetitivo y, en forma concomitante, desplegar una estrategia de compensación a través de una adición contractual, con la finalidad de extraer indebidamente la mayor utilidad posible del “PROYECTO RUTA DEL SOL”.

Además, se sancionó a cuatro (4) personas naturales - entre estas los ejecutivos de ODEBRECHT -, por haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado o tolerado el sistema restrictivo de la libre competencia económica.

Cabe señalar que la investigación pudo corroborar y apoyarse en los actos de corrupción reconocidos por ODEBRECHT y se evidenció que desplegó un esquema de corrupción altamente complejo que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países. Para esto creó una “División de Operaciones Estructuradas” como un departamento de soborno independiente.

La SIC encontró plenamente acreditada la puesta en marcha de un sistema anticompetitivo entre ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA y EPISOL, a través del cual, en una primera fase, idearon, celebraron y ejecutaron un acuerdo anticompetitivo para garantizar la adjudicación del Contrato de Concesión No. 001 de 2010 en favor de la CONCESIONARIA y, en una segunda fase, a través de una dinámica de reembolsos y pagos irregulares.

Además, se encontró que el sistema ideado e implementando para violar la libre competencia tuvo como contexto el esquema de corrupción desplegado por ODEBRECHT a nivel mundial que se prolongó por más de una década y que resultó en el pago de cientos de millones de dólares en sobornos en diferentes países.

Para materializar estas conductas ODEBRECHT, CORFICOLOMBIANA y EPISOL, una vez establecieron que Gabriel Ignacio García Morales se encontraba en una posición privilegiada que le confería la suficiente capacidad para influenciar, decidir y actuar en todas las instancias del “Proyecto Ruta del Sol”, enfilaron todos sus esfuerzos con la finalidad de sobornarlo y utilizarlo para asegurar su participación directa en el despliegue de su sistema anticompetitivo.

De esta manera, quedó en evidencia que el modus operandi de ODEBRECHT en la primera fase del sistema anticompetitivo se desplegó a través de una compleja y sofisticada estructura ilegal que, valiéndose convenientemente de su organización empresarial preestablecida, contempló un reparto específico de diversos roles y distintas tareas o funciones, creada para que existiera y funcionara de manera concertada y plenamente coordinada, con la finalidad de cometer diferentes comportamientos ilegales inequívocamente dirigidos a limitar la libre competencia económica.

Finalmente, se encontró que durante 2016 se realizaron diferentes reuniones entre los principales protagonistas del sistema anticompetitivo, donde se pretendió replicar la estrategia de instrumentalización de contratos con el propósito de camuflar el pago de la retribución económica a Gabriel Ignacio García Morales, derivado del acuerdo ilegal y mantenerlo en la absoluta clandestinidad para asegurar el funcionamiento del sistema anticompetitivo que aún se encontraba en plena ejecución.