Tres asesores de congresista condenados por corrupción pagan penas donando libros y dictando charlas

Tres integrantes del entramado criminal que articuló el excongresista Mario Alberto Castaño Pérez reconocieran su responsabilidad en varias actuaciones ilegales, que buscaban direccionar y comprometer la contratación pública en algunas regiones del país.

Se trata del exalcalde de Norcasia (Caldas), el contratista Wilmar Herrera Gallego; el ingeniero civil y exsecretario de Planeación de Manzanares (Caldas), Juan Sebastián Vargas Marín; y Jhon Alexander Sánchez Giraldo. Estas personas aceptaron los cargos mediante preacuerdo y recibirán diferentes condenas.

En el curso de la investigación se demostró que Herrera Gallego se desempeñó como facilitador de proyectos y contratista, y se interesó de manera indebida en dos contratos. 

Producto de la negociación judicial será sentenciado a cuatro años y cinco meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

Adicionalmente, deberá cumplir un componente de reparación que consiste en la donación de una colección de libros a un colegio de Manizales (Caldas), por un valor de tres millones de pesos.

De otra parte, se evidenció que Vargas Marín intervino en la estructuración y direccionamiento de seis contratos, de tal manera que quedaran en manos de personas referenciadas por el excongresista Castro Pérez. 

Producto del preacuerdo suscrito, recibirá una pena de cuatro años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos.

En lo que respecta a la sanción restaurativa pactada, entregó libros a la Alcaldía de Risaralda (Caldas), avaluados en más de cinco millones de pesos; y tendrá que dictar cinco charlas pedagógicas de prevención del delito a estudiantes de ingeniería civil de Manizales.

Finalmente, la Fiscalía estableció que Sánchez Giraldo intercedió irregularmente en tres contratos que superaron los 10.256 millones de pesos.

Esta persona será condenada a cinco años y tres meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, y deberá contribuir con 20 millones de pesos para dotar el gimnasio de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde permanece privado de la libertad.

Le puede interesar: