Salvatore Mancuso defiende su transición a la JEP frente a acusaciones de inconstitucionalidad

En un giro reciente en el panorama judicial colombiano, Salvatore Mancuso, exlíder paramilitar, ha defendido su transición de la jurisdicción de Justicia y Paz a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2023. Mancuso sostiene que este cambio no solo cumple con el debido proceso, sino que también garantiza de manera más efectiva los derechos de las víctimas del paramilitarismo a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Pese a que esta transición ha recibido el respaldo de la Procuraduría General de la Nación, que reconoció la vinculación de Mancuso con la fuerza pública y su rol como enlace clave entre los militares y los grupos paramilitares, esta aprobación no ha estado exenta de controversias.

La Procuradora Judicial II Penal ha desafiado la legalidad de este cambio mediante una tutela presentada ante la Sección de Revisión de Sentencias de la JEP. La tutela alega que el sometimiento de Mancuso a esta nueva jurisdicción es inconstitucional y está plagado de irregularidades, pidiendo que se revierta esta decisión.

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Mancuso ha respondido a estas acusaciones criticando la brevedad y los fundamentos de los argumentos de la Procuraduría, calificándolos de insuficientes y contradictorios. Defiende que la JEP es el juez natural para su caso, argumentando que Justicia y Paz tardaría casi un siglo en procesar y resolver los más de 65,000 crímenes atribuidos a los paramilitares.

El exparamilitar también sostiene que la JEP ofrece un mecanismo más eficaz y rápido para lidiar con estos casos, crucial para evitar la impunidad y asegurar justicia para las numerosas víctimas. 

La resolución de este caso por la Corte Constitucional, que aún está pendiente, determinará el futuro no solo de Mancuso sino también el tratamiento judicial de los crímenes del paramilitarismo en el país.

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