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Procuraduría investiga a funcionarios públicos de La Guajira, Sucre y Arauca por corrupción
Las personas investigadas serían responsables de las irregularidades en proyectos financiados con regalías por $213.000 millones.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra varios funcionarios y exfuncionarios públicos por incumplimientos y deficiencias en proyectos viales en La Guajira, Sucre y Arauca.
En La Guajira se presenta la situación más preocupante por varias razones: en primer lugar el representante a la Cámara por la Guajira, Juan Loreto Gómez, es investigado por ser presunto responsable en las deficiencias del proyecto Construcción de pavimento flexible y expansión de las redes de alcantarillado en la comuna 10 de Riohacha; un proyecto que tiene un valor de $28.000 millones.
A la investigación contra Gómez, se le suman otras investigaciones contra seis exgobernadores del departamento entre enero de 2020 y agosto de 2021: Wilbert José Hernández Sierra, John Eduardo Fuentes Medina, Anglys Carolina Maestre Arias, José Jaime Vega Vence, Wilson Rojas Vanegas, Alberto Carlos Ariza Cujia y Nemesio Raúl Roys Garzón. Todos ellos vinculados por posibles irregularidades en la formulación del proyecto n.°066 y su respectivo contrato (n.° 002 de 2019) para la implementación de estrategias de desarrollo empresarial a la población en situación de pobreza, por más $8.800 millones.
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Y la lista de investigados no para allí, ya que nueve exgobernadores, una exalcaldesa de Riohacha, cuatro exfuncionarios de los gobiernos departamental y municipal y dos interventores de obra, están involucrados en los incumplimientos en la ejecución de estos proyectos.
Por otro lado, los gobernadores de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa y de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo (e), también son investigados. El primero por el desarrollo del Proyecto de mejoramiento vías Berrugas - San Onofre y Ramal - Rincón del mar, por $47.600 millones; y la segunda por posibles irregularidades en el ciclo de priorización y aprobación de cinco proyectos por $125.000 millones.
En Sucre también esta involucrado el exgobernador Édgar Martínez Romero. Y en Arauca, Carlos Alirio Reina Pérez, asesor jurídico y legal (e), y Claudia Juliana Romero, secretaria de Planeación del Departamento de igual forma se encuentran bajo la mira de la Procuraduría.
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