Procuraduría abre un centenar de procesos por irregularidades en elecciones

A raíz del escándalo que generó el preconteo de los votos en las pasadas elecciones legislativas de 13 de marzo, la Procuraduría General informó que cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación.

Según el último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral con corte al 24 de abril de este año, el ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena y nueve aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales, y de los municipios de Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno, Cundinamarca y Mogotes, Santander.

Además contra concejales de Bogotá y Calarcá, Quindío, por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

"El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159)", dice el Ministerio Público.

#ATENCIÓN En seguimiento y vigilancia del proceso electoral, Procuraduría abrió 33 investigaciones a jurados de votación de las elecciones del 13 de marzo, en virtud de presuntas irregularidades en su ejercicio como servidores públicos en esa jornada ➡️ https://t.co/8cTtaV3rVk pic.twitter.com/cXU6byfaYC

— Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) April 28, 2022

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Además, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario, por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto.