Primera Línea: gobierno espera orden de Fiscalía para liberar a integrantes

El gobierno de Colombia espera una pronta respuesta de la Fiscalía General de la Nación sobre la revisión de la situación legal de los miembros del grupo conocido como 'Primera Línea', detenidos durante el estallido social de 2021. 

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha hecho un llamado para que se considere la liberación de estos jóvenes, subrayando la no aplicabilidad de cargos de terrorismo y concierto para delinquir en contextos de protesta social.

Durante una audiencia reciente en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Osuna reiteró la posición del Gobierno Nacional, asegurando que la respuesta de la Fiscalía, aunque pendiente, será acatada con total respeto por parte del ejecutivo. 

El ministro destacó la necesidad de un cambio en la interpretación legal que reconsidere los hechos ocurridos durante las manifestaciones como ejercicios del derecho a la protesta y no como actos delictivos.

"La Fiscalía está analizando cuidadosamente este tema", afirmó Osuna. "Aunque no hemos recibido aún una respuesta oficial, es importante que la opinión pública comprenda que cualquier decisión será implementada con rigor y respeto por la justicia".

Lea también (Capturan a hombre que se hizo viral por robar una patineta en Bogotá: así actuó)

La nueva fiscal

Esta situación surge tras la dirección asumida por Luz Adriana Camargo, quien tomó las riendas de la Fiscalía General, marcando un posible punto de inflexión en cómo se manejan legalmente las protestas en Colombia. 

Bajo la administración anterior de Francisco Barbosa, se derogó una directriz que limitaba la imputación de cargos severos como terrorismo y concierto para delinquir únicamente a delitos evidentes como daños materiales, lesiones o homicidios.

El ministro Osuna ha propuesto revivir esta política para diferenciar entre los jóvenes que ya han sido condenados y aquellos solo acusados, facilitando así una potencial liberación condicional. 

"No se trata de una absolución instantánea, sino de permitir que enfrenten su juicio en libertad, considerando el tiempo transcurrido desde su detención", explicó Osuna.

Hasta el momento, no hay una cifra oficial de cuántos jóvenes podrían beneficiarse de esta revisión, pero el número incluye a varios que aún no han sido condenados y que podrían salir bajo condiciones si la directriz es favorablemente modificada. 

Este cambio también responde a recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha instado a Colombia a alinear sus prácticas judiciales con estándares internacionales de derechos humanos.

La Fiscalía, por su parte, ha indicado que está dispuesta a escuchar las solicitudes formales del Ministerio de Justicia y a revisar el alcance de las imputaciones realizadas, lo que podría significar un cambio sustancial en la vida de muchos jóvenes y un reajuste en la administración de justicia en el país. 

La última palabra la tendrán los jueces penales competentes y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que decidirán si la revisión de la directriz se traduce en una nueva oleada de libertades condicionales.

Otras noticias: