Policía compra avión con sobrecosto de US$12 millones

La Contraloría General evidenció un supuesto detrimento patrimonial, en cuantía de US$12 millones, los cuales harían parte a una cifra cercana a los $58.103 millones de pesos de los recursos públicos comprometidos en la adquisición de un avión para la Policía Nacional, a través de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana.

Para la Contraloría la compra del Jet marca Embraer, Legacy 600 VIP, representa un presunto detrimento del patrimonio público, ya que se fue comprado un avión con características que no satisfacen el interés social y el objetivo de ampliar la capacidad operativa de la Policía.

“Se trata de un hallazgo fiscal detectado en una Auditoría de Cumplimiento sobre los procesos de contratación ejecutados por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. - CIAC S.A., para la adquisición de bienes y servicios”, sostuvo la Contraloría.

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Tras la auditoría se determinó 19 hallazgos administrativos, de los cuales uno tiene una incidencia fiscal y los demás tienen carácter penal y otras incidencias ilegales.

Dicho hallazgo tiene una connotación fiscal y posibles incidencias disciplinarias y penales y otra relacionada con la ejecución del proyecto de inversión.

Cabe mencionar que según la Contraloría, la Policía y CIAC celebraron el 13 de enero de 2022, un Convenio Marco Interadministrativo de Colaboración, cuyo objeto fue: “Aunar esfuerzos entre Policía Nacional – Dirección de Antinarcóticos y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. – CIAC que permitan fijar términos y condiciones generales para fortalecer las capacidades de la Policía Nacional, mediante la provisión o adquisición de bienes y servicios de orden técnico que demande el área de aviación policial de la Institución”.

El primer convenio tiene un valor cercano a los $200 millones que equivalen a los aportes en dinero realizados por la Policía Nacional con la Dirección Antinarcóticos. Sin embargo, la compra de dichas aeronaves tipo ejecutivo marca Embraer Legacy 600 no estaba contemplada en el Estudio de Factibilidad, Fortalecimiento y Adquisición de Aeronaves para la Policía.

“Está en contravía del principio de economía consagrado en el Ley 80 de 1993 haber pactado a favor de la CIAC S.A. un porcentaje del 3% más IVA sobre el valor del Convenio Derivado No. 1, por concepto de recuperación de costos y gastos, el cual equivale a $7.140 millones, cuando a todas luces la institución policial tenía la competencia, facultades y condiciones técnicas para adelantar este proceso contractual, sin necesidad de este cargo adicional”, sostuvo la Contraloría.

De igual manera, la CGR encontró que los que la capacidad jurídica acreditada para la prestación del bien y servicio ofrecido no es la adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato suscrito y a su valor, ya que el 95% de sus miembros se dedican a obras de ingeniería civil.

“Las aeronaves no fueron suministradas por vendedores que se especializan en la compra-venta de aeronaves, ya que las actividades económicas de los miembros de los consorcios seleccionados están relacionadas con el transporte aéreo nacional de pasajeros, la construcción de otras obras de ingeniería civil y el comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios”, puntualizó la Contraloría.

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