Piden mantener escoltas a gobernadores y alcaldes salientes

“Con gran preocupación vemos el levantamiento de numerosos esquemas de protección de exfuncionarios que, en su servicio al país, han tomado valientes decisiones en la lucha contra la criminalidad y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Al dejarlos sin seguridad, el Estado vulnera su obligación de garantía de los derechos humanos, que hace parte de las convenciones internacionales en la materia y está consagrada en la Constitución”, afirma el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Teniendo presente las recientes quejas recibidas por exmandatarios locales en distintas regiones del país, el Defensor les hace un llamado perentorio al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Instamos a que sean llevados a cabo con detalle los procesos de revaluación de riesgo e implementación de medidas de protección para ex servidores públicos territoriales, pues nos manifestaron su preocupación por el retiro de sus esquemas de seguridad. Nos argumentaron, en razón a las acciones que realizaron durante sus periodos de gobierno, que hoy su vida e integridad corren peligro”, señala Carlos Camargo Assis.  

Al requerir especial protección del Estado, asegura el Defensor del Pueblo de los colombianos, “es crucial la revisión de los procedimientos para cada caso específico y su debido ajuste, de acuerdo con la persistencia del riesgo, las amenazas de las que están siendo objeto y la vulnerabilidad en la que ahora mismo se encuentran. Pero de ninguna manera, las formas y los procedimientos pueden privilegiarse sobre la necesaria protección de la vida de quienes claramente han trabajado en el servicio público, exponiendo su vida en defensa de los valores democráticos”.

Mientras se surten los procesos de revaluación de los riesgos, Camargo Assis eleva una petición especial a la UNP: “Mantenga las medidas implementadas. Porque lo más importante es proteger los derechos a la vida e integridad de quienes vienen siendo intimidados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales”.

Igualmente, el Defensor insta al organismo de protección estatal a no dejar a un lado los documentos de carácter preventivo y de advertencia emitidos por su Sistema Alertas Tempranas (SAT). 

“La información que recibimos sobre violaciones a los derechos humanos ayuda a facilitar la implementación de medidas de protección, o a conservarlas, para quienes las están necesitando, como consecuencia de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales, humanitarias o de otras índoles”, resalta Carlos Camargo Assis.

En el desarrollo de los comités de protección, la institución nacional de derechos humanos, en calidad de miembro permanente, ha instado a sus integrantes a elevar la valoración del nivel de riesgo de algunas de las personas amenazadas a ‘extraordinario’ e incluso, en algunos casos, a ‘extremo’.

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