Orden de arresto contra el Director de DD.HH. en el ministerio del Interior

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha emitido una orden de arresto en contra de Franklin Castañeda Villacob, quien ocupa el cargo de director de Derechos Humanos en el ministerio del Interior. 

Esta medida se ha tomado debido al incumplimiento de una orden emitida por la JEP en relación con la exhumación y traslado de cuerpos en el Cementerio San Martín, también conocido como 'Cementerio de los Pobres' en Aguachica, Cesar.

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP había decretado medidas cautelares para proteger este cementerio tras una solicitud del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).

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Estas medidas incluían la suspensión de la exhumación y traslado de cuerpos en el lugar, así como la convocatoria de una mesa interinstitucional encargada de diseñar una política pública que estableciera parámetros claros para la intervención de cementerios en el país.

La responsabilidad de llevar a cabo esta mesa recaía en el ministerio del Interior, bajo la supervisión de su director de Derechos Humanos, Franklin Castañeda. 

Se le otorgaron 90 días para presentar la política pública diseñada y 30 días para emitir una circular que obligara a las alcaldías y gobernaciones salientes a informar a las candidaturas ganadoras sobre las acciones realizadas para atender a las víctimas de desaparición forzada durante el proceso de empalme.

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Sin embargo, el director Castañeda no cumplió con ambas órdenes, a pesar de los múltiples llamados de la JEP. La Sección de Ausencia de Reconocimiento abrió un incidente de medidas cautelares el 3 de noviembre debido a su incumplimiento reiterativo.

Castañeda respondió a estas acusaciones alegando que había cumplido con lo dispuesto por la JEP, entregando documentos complementarios una semana después. 

Sin embargo, la JEP consideró que estas acciones se realizaron de manera extemporánea e incompleta, obedeciendo a los requerimientos de la Magistratura debido a su incumplimiento.

Además, el ministerio del Interior no había finalizado la formulación de la política pública de intervención de cementerios en el territorio nacional hasta la fecha de la orden de arresto.

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La JEP encontró que el incumplimiento de Castañeda fue deliberado y generó una grave afectación a los derechos de las víctimas de desaparición forzada. 

Como resultado, se le impuso una sanción de dos días de arresto, notificada al director de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien se encargará de su cumplimiento.

Una vez que Castañeda cumpla su sanción, la JEP mantendrá el incidente de incumplimiento abierto hasta el 30 de abril de 2024, asegurando que entregue de manera definitiva la política pública de intervención de cementerios para garantizar los derechos de las víctimas. 

Además, el ministerio del Interior deberá presentar informes bimensuales sobre el progreso de su plan de trabajo y el avance de la mesa interinstitucional, ahora con la participación de los mandatarios electos, para asegurar el diseño final de este instrumento.

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