OEA respalda al presidente Gustavo Petro frente a investigaciones en Colombia

Desde Washington, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha mostrado su apoyo al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en medio de una intensa controversia con la Procuraduría General de Colombia. Esta disputa se centra en las investigaciones en curso contra legisladores del Pacto Histórico, la coalición gobernante del país.

Almagro, quien visitó Colombia oficialmente esta semana, emitió un comunicado tras concluir su viaje, resaltando la importancia del respeto a los mandatos constitucionales de las autoridades electas. 

Este respaldo se da en un contexto de suspensión de legisladores de la coalición de gobierno, una acción llevada a cabo por la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello. Esta situación, según Almagro y Petro, solo puede ser ejercida por la justicia penal y no por un organismo de control administrativo como la Procuraduría.

El presidente Petro ha denunciado estas acciones como un "golpe blando" contra su gobierno, alegando que estas suspensiones, realizadas por una entidad sin competencias penales, vulneran el mandato popular. 

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Esta postura encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya en julio de 2020, decidió que el Estado colombiano erró al destituir e inhabilitar a Petro de su cargo de alcalde en 2013.

El pronunciamiento de Almagro refuerza la argumentación de Petro. Según el secretario general de la OEA, los órganos estatales que no pertenecen a la jurisdicción penal, incluidos los órganos de control administrativo, deben abstenerse de actuar contra este principio, que es esencial para el funcionamiento democrático y el Estado de derecho.

Sin embargo, la procuradora Cabello se defiende de estas alegaciones, alegando que no tiene tiempo para entrar en disputas y que las solicitudes ciudadanas que llegan a su despacho son numerosas. Además, niega que sus investigaciones tengan una dirección política, ya que no solo se centran en servidores del Pacto Histórico, sino que también afectan a otros funcionarios electos.

Los casos que han desatado esta polémica incluyen al senador Wilson Arias, quien ha sido acusado por la procuraduría de difamar a un grupo de policías. Arias, a su vez, denuncia ser víctima de una política de persecución. Además, el legislador Álex Flórez fue suspendido por ocho meses por insultar a los oficiales de policía que lo detuvieron en un incidente en Cartagena en 2022.

Este enfrentamiento pone en evidencia la tensión entre los poderes de la justicia penal y los órganos de control administrativo en Colombia, y plantea interrogantes sobre la independencia y autonomía de las autoridades electas en el ejercicio de sus funciones. 

Los actores internacionales como la OEA están observando de cerca la situación y es probable que esta controversia tenga un impacto significativo en la política interna.

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