Ministerio de Defensa niega sobrecostos en contrato de compra de carros blindados

El Ministerio de Defensa de Colombia ha negado las acusaciones de sobrecostos en un contrato de 305 millones de dólares para la compra de 55 carros militares blindados 8x8. 

A pesar de las críticas de la revista Semana, que informó de irregularidades en la compra, la entidad ha afirmado que el acuerdo se ajusta a la normativa.

El contrato, firmado a finales de 2022, ha despertado el interés de la opinión pública debido a la astronómica cifra y a los detalles del acuerdo. 

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Según la fuente que proporcionó los detalles del contrato al medio de comunicación, el mismo presentaba sobrecostos que podrían ascender hasta los 17 millones de dólares.

A pesar de las denuncias, el Ministerio de Defensa ha señalado que "tal irregularidad no existe" y ha defendido el acuerdo mediante un comunicado. 

Los vehículos, que se entregarán gradualmente desde el 2026 hasta el 2032, fortalecerán las capacidades del Ejército Nacional en zonas de frontera.

No obstante, la figura Incoterms DPU, delivered at place unloaded, establece que el proveedor debe entregar los productos en el lugar de uso, pero el Estado colombiano asumiría esos costos, lo que generaría un mayor valor del contrato y sería desfavorable para las finanzas nacionales.

El Ministerio de Defensa ha explicado que los costos por almacenamiento, prueba, ingeniería no recurrente, actualización de manuales y gestión del programa están incluidos en el valor total del contrato. 

Sin embargo, la revista Semana ha denunciado que estos servicios deberían ser asumidos por el proveedor y no por el Estado colombiano.

Aunque la cartera de Defensa ha asegurado que el contrato se realizó con un proveedor exclusivo, lo que evita costos adicionales como intermediaciones o tercerizaciones en la fabricación y entrega del producto, no ha explicado por qué no son asumidos por el contratista los costos mencionados anteriormente.

El Ministerio de Defensa ha destacado que el acuerdo contempla la transferencia de conocimiento al Ejército Nacional, a través de la política de offset. 

Mientras tanto, la revista ha denunciado que la entidad habría condicionado la entrega de respuesta a la firma de un acuerdo de confidencialidad que puede ser considerado un intento de censura.

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